En paralelo a la discusión legislativa sobre los proyectos mineros y a la avanzada de capitales rusos para explotar el proyecto San Jorge, en Uspallata, las Asambleas por el Agua organizaron un foro para darle marco universitario a la discusión por la constitucionalidad de la Ley 7722, que impide el uso de sustancias contaminantes como el cianuro y otras, y está en manos de la Suprema Corte en análisis luego de recursos interpuestos por los empresarios interesados en la explotación.
Será el próximo viernes 24 de octubre a las 17 en la Facultad de Derecho de la UNCuyo. "Porque además de legitima para el pueblo de Mendoza, la 7722 es LEGAL", remarcaron en la invitación los asambleístas.
Serán parte del foro Aldo Rodríguez Salas, ex secretario de Ambiente del gobierno de Arturo Lafalla, especialista en Derecho Ambiental, Liber Martín, profesor de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental en la UNCuyo y Mauricio Pinto, profesor de Derecho Ambiental en la Universidad del Aconcagua y en la UNCuyo.
Esta semana van a la Legislatura
La Asamblea por el Agua y la Asamblea por los Bienes Comunes expondrán esta semana sus posturas en la Legislatura, aunque ya adelantaron los puntos que objetan de los proyectos mineros en Malargüe. El proyecto de explotación minera Cerro Amarillo, en Malargüe, quedó en suspensión hasta que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) termine de relevar los glaciares que hay en la zona y eleve su informe a las comisiones legislativas y los ambientalistas que así lo han requerido, mientras que el de Hierro Indio, también en el Sur, sigue su curso en la discusión en comisiones.
Los asambleístas , entre otros puntos, desmintieron la información oficial que indica que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de ambos proyectos abarque las etapas de prospección y exploración. “El contenido de la declaración de impacto ambiental se refiere a la etapa de prospección. Sin embargo, finalmente la declaración de impacto ambiental se aprueba para prospección y exploración, lo cual es ilegal ya que cada etapa debe tener su propia declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, exigimos que estas dos etapas se traten por separado, como lo establece el decreto 820/06 que reglamenta la Ley Provincial N° 5961 General del Ambiente”, remarcaron.
La Asamblea por el Agua, además, sostiene que entre los dos proyectos no requerirán más de 20 operarios, con lo cual, subrayaron, “se cae el argumento de la generación de empleo”.
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