La Fiscalía de Colombia pidió a la Corte Suprema que determine si hay elementos para abrir una investigación contra el ex presidente y senador Álvaro Uribe por presunta colaboración con grupos paramilitares cuando fue gobernador. Su partido Centro Democrático consideró que la decisión responde a una "persecución" política, por tratarse de un opositor al presidente Juan Manuel Santos.
La Fiscalía remitió a la Corte los documentos pertinentes para dicha gestión, que pretende esclarecer si Uribe tuvo algún tipo de vínculo con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando fue gobernador del departamento de Antioquia entre 1995 y 1997.
Fuentes judiciales dijeron que la petición se produce después de que el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias don Berna, que cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico, acusara hace un mes a Uribe de haber participado en la masacre de El Aro, donde fueron asesinados 15 campesinos en 1997.
Debido a que Uribe tiene actualmente fuero de senador, es la Corte la competente para investigarlo, explicaron las mismas fuentes.
Tras conocer la solicitud, el ex presidente declaró en su cuenta de Twitter que esta "acostumbrado a infamias y especialmente en épocas electorales", en alusión a los comicios locales y regionales que se celebrarán el próximo 25 de octubre.
No es la primera vez que la Fiscalía busca esclarecer la participación de Uribe en la masacre de El Aro; en febrero anunció que iba a investigar por qué un helicóptero oficial se encontraba en el lugar de la matanza.
Varios testigos del suceso afirmaron haber visto a un helicóptero de la Gobernación realizar vigilancia mientras los paramilitares perpetraban la masacre.
En aquella ocasión, Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, dijo que los directivos del Servicio Aéreo de Salud de Antioquía, dependiente de la Gobernación, habían explicado "una y mil veces" su participación en este caso, sin dar más detalles.
Varios ex jefes paramilitares, como Salvatore Mancuso, confesaron haberse reunido en repetidas ocasiones con Uribe durante esa etapa de su carrera política, algo que el senador siempre ha negado.
"El fiscal (Eduardo Montealegre) quiere meter a la cárcel a los integrantes del Centro Democrático, a la oposición del Gobierno, al mismo tiempo que quiere a los criminales de lesa humanidad en la calle. Castigo para el Centro Democrático y total amnistía e impunidad para las FARC", dijo a Caracol Radio Alfredo Rangel, senador del Partido Centro Democrático.
El procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, dijo que no le extraña que la Fiscalía pida a la Corte investigar a Uribe porque procesar al actual senador "siempre" ha sido una condición de las FARC para firmar la paz.
"Las FARC siempre ha colocado como condición la judicialización del expresidente Uribe. Que este anuncio se dé se explica como un cumplimiento y tiene una relación directa con esas exigencias de las FARC", afirmó Ordóñez, fuerte crítico de las negociaciones de paz con la guerrilla, a la emisora RCN Radio.
Ordóñez, que ha cuestionado en varias ocasiones el acuerdo de justicia transicional que alcanzaron hace casi dos semanas el gobierno colombiano y las FARC, pidió que ese pacto respete el derecho internacional para que tenga la sostenibilidad jurídica necesaria.
En este sentido, sostuvo que el narcotráfico no puede ser conexo a los delitos políticos. Sin embargo, la Corte Suprema de Colombia ha respaldado esa posibilidad en varios fallos, siempre y cuando esa actividad tenga como fin "financiar organizaciones insurgentes".
De aplicarse esta medida, el narcotráfico entraría en la amnistía que el acuerdo de justicia transicional prevé para los delitos políticos.
"Nunca el narcotráfico había logrado tanto, ni siquiera con Pablo Escobar", apuntó el procurador, que aseguró que las FARC mantendrán los ingresos que han obtenido por esta actividad y que esa será su fuente de financiación para participar en política cuando se desmovilicen.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) retomaron el viernes las negociaciones de paz que mantienen con el gobierno de Colombia en La Habana, sede permanente de los diálogos.
Este nuevo ciclo en las conversaciones tiene lugar tras el impulso que recibió el proceso con la firma de un acuerdo sobre justicia transicional en la capital cubana y un histórico apretón de manos entre el presidente colombiano, Juan manuel Santos, y el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
Fuente: Télam
