El grupo denominado Iglesias y Minería hizo un llamado a los diputados de Mendoza para que no aprueben el proyecto de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de extracción de cobre Cerro Amarillo y pidieron que, en cambio "se investigue la posible comisión de delitos por parte de la empresa proponente y/o la autoridad de aplicación en la falsificación y ocultamiento malicioso de documentación sobre glaciares y cavernas".
Así lo expresaron en un documento que difundieron las Asambleas por el Agua en la víspera del tratamiento en diputados de la DIA, que ya tiene media sanción del senado. El pronunciamiento llegó después de que el IANIGLA desmintiera su participación en la elaboración de la DÍA y alertara por la presencia de 47 glaciares en la zona donde se proyecta perforar el suelo en Malargüe en busca de cobre.
El IANIGLA alertó sobre la presencia de 47 glaciares cerca del proyecto minero Cerro Amarillo
La Red Iglesias y Minería "es un espacio ecuménico, conformado por comunidades cristianas, equipos pastorales, congregaciones religiosas, grupos de reflexión teológica, laicas, laicos, Obispos y pastores que buscan responder a los desafíos de los impactos y violaciones de los derechos socio-ambientales provocados por las actividades mineras en los territorios donde vivimos y trabajamos", tal como la describe el sitio de noticias vaticanas Vatican News.
En el exhorto a los legisladores de Mendoza -es oportuno recordar la postura del propio arzobispo Marcelo Colombo en defensa de la Ley 7722- la red Iglesias y Minería no sólo manifiesta su rechazo al proyecto de extracción, cuyas desprolijidades quedaron de manifiesto desde el mismo momento de su presentación (Suarez refritó la DIA que presentó Francisco Pérez y que la UCR en su momento bochó), sino que toma como propios los cuestionamientos vertidos por las Asambleas por el Agua.
Las AMPAP enumeraron una serie de leyes y tratados que el proyecto violaría, como la propia 7722.
"Los proyectos mineros metalíferos no traen soluciones reales a los problemas de las comunidades, sino por el contrario entran en conflicto por la contaminación ambiental que generan, contaminación sociocultural reconocida en los propios informes ambientales de las empresas y por el uso del agua, bien común escaso", concluye el documento.
Este es el pronunciamiento completo:
