La Inspección General de Seguridad (IGS) abrió una investigación administrativa contra el comisario Mario Riili, señalado como responsable del operativo policial que derivó en represión y detenciones durante la marcha en defensa del agua realizada el 23 de octubre en Mendoza. En esa oportunidad fueron detenidos Liza Rule y Martín Iglesia, llevados a la Comisaría Séptima y al Polo Judicial respectivamente.
En Mendoza hay una escalada represiva contra quienes protestan contra la megaminería encarada por el Gobierno de Alfredo Cornejo
La medida surge a partir de una denuncia presentada por Ni Una Menos Mendoza y otras organizaciones sociales, registrada bajo el expediente NO-2025-09382892-GDEMZA-IGS#MSEG. Riilli fue quien tomó del cuello a Liza Rule parra detenerla, según la denuncia.
La Fiscalía incorporó al expediente las filmaciones obtenidas de las llamadas bodycam, cámaras incrustadas en los uniformes policiales, que muestran cómo los manifestantes fueron golpeados aun cuando ya estaban reducidos por los agentes.
«En la Legislatura hubo torturas»
Al recuperar la libertad, Rule e Iglesia denunciaron haber sido golpeados con ferocidad dentro de la Legislatura, adonde fueron arrastrados por los agentes. La acusación fue presentada ante la comisión de Derechos y Garantías de Diputados, en una sesión especial que expuso la tensión creciente entre las fuerzas de seguridad y los sectores movilizados en defensa del agua.
Las imágenes del interior de la Legislatura, exigidas por Rule en su exposición, se viralizaron rápidamente en redes sociales, compartidas por las asambleas. El registro audiovisual contradice la versión oficial y refuerza las denuncias de violencia institucional.
Detenciones y violencia institucional
El colectivo Ni Una Menos destacó que hechos documentados en imágenes que circularon masivamente muestran cómo la Legislatura provincial fue utilizada como centro de detención ilegal bajo el mando operativo de Riili.
Riili continúa en funciones
Pese al inicio de la investigación por violencia institucional, el comisario Riili continúa en funciones. Desde Ni Una Menos Mendoza remarcaron que en operativos recientes bajo su responsabilidad —como el del 11 de diciembre— se registraron nuevas detenciones: 13 personas, entre ellas dos periodistas, además de dos mujeres mayores que resultaron brutalmente golpeadas.
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La organización exigió respuestas claras y sanciones tanto a los responsables políticos como operativos de la represión. También reclamó el cese inmediato de la criminalización de la protesta social, especialmente contra quienes se movilizan contra el Proyecto Minero San Jorge.
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