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La Cámara Federal de Casación Penal puso fin definitivo a la causa judicial que investigaba la toma de deuda por USD 57.100 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el gobierno de Mauricio Macri, la más alta contraída en la historia del organismo. El fallo de la Sala IV extinguió el expediente penal contra el expresidente y los actuales funcionarios nacionales Luis Caputo y Federico Sturzenegger, omitiendo el análisis sobre el fondo del asunto y clausurando el acceso a la revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión se concretó al dar por desistido el recurso de queja impulsado originalmente por la fiscalía de instancia inferior, luego de que el fiscal general ante el tribunal de alzada, Raúl Pleé, resolviera no sostener la impugnación de sus colegas. Al no existir un recurso activo del Ministerio Público ni una querella constituida, los camaristas desestimaron la queja por adhesión intentada por el particular Antonio Conrado De Martino. Pleé fue integrante de la Comisión Asesora en Seguridad Deportiva del Club Atlético Boca Juniors durante la presidencia de Mauricio Macri en dicha institución y también figura en las visitas a Olivos.
Paralelamente, el tribunal rechazó "in limine" las recusaciones solicitadas por la parte particular contra los tres jueces y los fiscales actuantes. En la misma resolución, la sala formuló una observación a De Martino y a su abogado patrocinante Nicolás Roberto Corbetto Norese por el tono de sus presentaciones, remitiendo copia de los escritos al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para la evaluación de su conducta profesional.
Enlaces y antecedentes entre los magistrados y los imputados
La resolución beneficia a Mauricio Macri, al actual ministro de Economía Luis Caputo, al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y al titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Santiago Bausili. El fallo contó con la intervención de magistrados con vínculos o designaciones ligadas a la gestión del expresidente:
Mariano Borinsky: Registró al menos 16 visitas a la Quinta de Olivos durante el mandato de Mauricio Macri, justificadas por el propio magistrado como encuentros deportivos para jugar al tenis y al pádel.
Gustavo Hornos: Mantuvo reuniones en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos con el mandatario, las cuales atribuyó a una "relación social de años".
Javier Carbajo: Fue designado en la Cámara Federal de Casación Penal en el año 2018, mediante decreto de la administración saliente.
Raúl Pleé: El fiscal ante la Casación integró en su momento la Comisión Asesora en Seguridad Deportiva del Club Atlético Boca Juniors durante la conducción de Mauricio Macri.
El recorrido del proceso judicial
La causa, iniciada en 2019, transitó por distintas instancias del fuero federal porteño:
Juzgado Federal N° 5: La jueza María Eugenia Capuchetti dispuso en febrero el archivo de las actuaciones por considera la "inexistencia de delito", al calificar el acuerdo como un acto de política económica no judicializable. En ese mismo periodo, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó mediante el Decreto 87/2026 la retirada de la Procuración del Tesoro de la Nación como parte querellante.
Cámara Federal de la Capital: El 4 de septiembre, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi —este último nombrado durante la gestión de 2018— confirmaron el archivo del caso. Posteriormente, el 25 de septiembre, el tribunal declaró inadmisible la apelación interpuesta por el fiscal José Luis Agüero Iturbe.
Casación Penal: El fiscal Franco Picardi llevó la acusación en la instrucción inicial, continuada por Agüero Iturbe en la Cámara Federal. La falta de sostenimiento del recurso por parte de Raúl Pleé en Casación cerró la vía procesal.
Los ejes de la investigación penal
La hipótesis que impulsó el fiscal Franco Picardi señalaba un presunto esquema de defraudación pública y administración fraudulenta coordinado entre mayo de 2018 y septiembre de 2019 por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, del BCRA y sectores privados. La nómina de investigados abarcaba a Mauricio Macri, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Santiago Bausili, Nicolás Dujovne y Guido Sandleris.
La instrucción judicial se sustentaba en la omisión de las vías legales normadas por la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera: la falta de intervención del Congreso Nacional, la ausencia de decretos del Poder Ejecutivo, la falta de dictámenes técnicos del BCRA sobre la balanza de pagos y la confección posterior de un expediente administrativo para simular el trámite legal. Asimismo, la acusación señalaba que las divisas del préstamo fueron destinadas a la fuga de capitales y el beneficio de sectores privados, respaldándose en informes del perjuicio fiscal confeccionados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) —que estimó el daño en USD 29.618 millones— y por la Auditoría General de la Nación (AGN).
