Persecución perpetua

La justicia volvió a suspender la audiencia por la causa contra una asambleísta por defender la 7722: "Esto raya la crueldad y la perversión"

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La justicia volvió a suspender la audiencia para definir la elevación a juicio o el sobreseimiento de Nora Moyano, referente de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, imputada por protestar en las afueras de la Legislatura el 17 de diciembre de 2019, junto a miles de mendocinos, contra el derribo de la Ley 7722.

De esta manera, el oficialismo profundiza la política de hacer transitar a perpetuidad las escaleras de los tribunales a gremialistas, defensores de los bienes comunes y todo aquel que se oponga a sus líneas de pensamiento y acción.

A Moyano se la acusa de "privación ilegítima de la libertad" de senadores y diputados que estaban ese día tratando la imposición de la ley del cianuro merced a un pacto entre la UCR-PRO y el PJ. Ella fue una entre miles. Luego los fiscales que responden al oficialismo iniciaron causas contra un puñado de referentes, pero sólo la acusación contra Moyano, que transita en el fuero penal, quedó en pie.

Esta es la segunda vez que se suspende la audiencia que debe definir el destino de la asambleísta lasherina, la primera fue en febrero, cuando, tras una espera de dos horas, les notificaron que la jueza estaba de licencia.

"Esto es rayano con la crueldad y la perversión. Vaya a saber qué iba a decir la jueza, estarán esperando que pasen las elecciones. Quieren matarte la autoestima, de doblar tu voluntad. No lo van a lograr", le dijo Nora  EXPLICITO tras conocerse la nueva suspensión.

Tres años después de la pueblada del agua, los asambleístas aún resisten el ataque que desplegó el oficialismo en los tribunales

De qué la acusan

En noviembre de 2022, el fiscal Juan Ticheli reafirmó la acusación en contra de Moyano y negó el sobreseimiento en la causa en la que se la acusa por “privación ilegal de la libertad” de los miembros de la Cámara de diputados el día en que se trataba ley del cianuro impulsada por Rodolfo Suarez.

Ticheli -quien también firmó otras causas contra ambientalistas en esos agitados días de diciembre- fue pieza central para que la jueza Patricia Alonso rechazara, en 2021, el pedido de la defensa de Moyano para que se declarara nula la causa, con lo cual ordenó que siga imputada y se la siga investigando.

Moyano fue una entre miles de mendocinos que el 17 de diciembre de 2019 participó en Mendoza de una de las protestas históricas en defensa del agua.

Tras un día de tensión en la Legislatura por el intento de derribar la Lay 7722, los legisladores tuvieron que salir escoltados por Infantería. En la calle, sobre Patricias Mendocinas, vecinos y ambientalistas protestaban por la avanzada del lobby minero, en una de las jornadas que luego fue tapa de diarios en todo el mundo como parte de la llamada "pueblada del agua".

Por esa manifestación, una troupe de fiscales que responden al oficialismo iniciaron causas contra asambleístas y vecinos, en un intento de desalentar las protestas. Al mismo tiempo, el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, y el recién asumido como gobernador, Rodolfo Suarez, blandieron el Código de Convivencia para multar y perseguir manifestantes.

El fiscal Juan Ticheli le puso la firma a varias causas contra asambleístas que defendieron en las calles la 7722.

 

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