Cuando falta una semana para la Fiesta de la Vendimia, las fiscalías retomaron las citaciones e imputaciones contra vecinos y ambientalistas que se manifestaron el 17 de diciembre fuera de la Legislatura de Mendoza en repudio de la ley del cianuro, que por esos días fue pactada entre Rodolfo Suarez y el PJ para derribar la Ley 7722.
Este viernes, tras declarar en la Fiscalía 28-UFI, el fiscal Juan Tichelli imputó a Nora Moyano una de las integrantes de la Asamblea por el Agua de Las Heras por "privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo" según el Código Penal. Nora estuvo entre los miles de mendocinos que ese día llegaron de toda la provincia para manifestarse por la embestida del lobby minero. Bajo la misma figura están imputados también Carlos Russo y Marcelo Giraud.
Tichelli también lleva causas contra otros asambleístas -quienes serían imputados la próxima semana- y entre ellos tiene entre manos el expediente contra el secretario de Gobierno de San Carlos, Este viernes declararon por la misma manifestación varios testigos y policías que intervinieron en el operativo contra los manifestantes.
La Gremial de Abogados asumió la defensa de todos los asambleístas y vecinos que son perseguidos por los Suarez. Además, les brindan asistencia gratuita para futuras protestas.
Después de esa marcha en la Legislatura, el 23 de diciembre otros miles de mendocinos salieron a las calles y rutas de toda la provincia y confluyeron frente a Casa de Gobierno en la Marcha del Agua, reprimida por Rodolfo Suarez con gases, balas de goma y detenidos a mansalva.
La embestida contra los manifestantes no cesó: arreció un operativo de propaganda del gobierno multiplicada en los medios masivos: tildó a los manifestantes de terroristas y violentos e intentó victimizar a los policías que reprimieron al pueblo y, con todo, finalmente Suarez tuvo que dar archa atrás y restituir la 7722.
El 17 de diciembre, la Fiscalía 1 de la capital provincial tomó imágenes de los manifestantes para proceder con posterioridad. No hubo imputaciones a fines de diciembre, porque las calles estaban en ebullición, pero este medio pudo saber que la intención del Ministerio Público, altamente dependiente del gobierno radical, era avanzar en el llamado a indagatoria de algunos manifestantes. Esa acción se postergó para evitar caldear más el clima en la previa de las sesiones.
Sin embargo, en el verano la embestida fue retomada. No sólo por el gobierno provincial sino por el de Capital. Ulpiano Suarez envió multas y sanciones masivamente a quienes participaron del brindis por el agua. Algunas de ellas fueron luego revocadas.
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Para ir contra vecinos y asambleístas, los Suarez usan el Código Penal y el Código Contravencional, que ambos gobiernos han ejecutado en contra de opositores políticos, desposeídos, o quienes protesten por cualquier motivo, razón o circunstancia.
"Es una persecución política"
"Retención indebida de la libertad agravada por el vínculo" reza la imputación a Nora Moyano. Junto a sus coprovincianos, Nora Moyano era una de las ciudadanas que estaba afuera en la Legislatura cuando se derribó la Ley 7722. Esa tarde los legisladores y otros empleados de la Legislatura tuvieron que demorar su salida del edificio porque las calles estaban en ebullición ante el ataque contra una ley que entre vecinos y asambleístas es llamada "Guardiana del agua".
Ese hecho, el que no pudieran salir por el enojo popular, fue tomado por las fiscalías como "privación de libertad", lo que es equivalente a un secuestro en el Código Penal. y a Nora le agregaron "agravado por el vínculo". Le explicaron en la fiscalía que el vínculo "es con las autoridades, los diputados y senadores. Es como una falta de respeto a la autoridad, agravada por el vínculo significa eso", señaló a EXPLÍCITO.
"Evidentemente es una persecución política, con falsedad de información, en un intento de amedrentamiento para que no peleemos por lo que corresponde, porque el agua es un derecho humano esencial. De acuerdo a las leyes el agua es para consumo humano y agricultura, esas son las jerarquías que deberían respetar", agregó.
"No podemos permitir esto en democracia. Tenemos que defender nuestras libertades democráticas, el derecho al reclamo, a peticionar ante las autoridades, a poder expresar nuestras ideas libremente. Costó mucha sangre construir esta democracia. 30 mil compañeros detenidos desaparecidos. Todavía hoy las abuelas siguen buscando a los bebés que robaron. No vamos a permitir el avance de los recortes de la democracia y que el reclamos y la lucha popular se tome como delito. Eso es imposible de aceptar", completó.
