La avanzada judicial de Rodolfo y Ulpiano Suarez contra vecinos y referentes ambientalistas recrudeció en los últimos días con una seguidilla de citaciones a fiscalías, multas y avisos de imputaciones que fueron despachados contra quienes se han manifestado en las calles contra el fracking y en defensa de la Ley 7722.
Los "delitos" que se les endilgan van desde la interrupción del tránsito (Código Contravencional) hasta "instigación pública a cometer delitos determinados" y "Privación ilegítima de la libertad" (Código Penal). Tampoco se privaron de usar la clásica "averiguación de antecedentes" para retener durante varias horas a un docente que protestó contra el fracking en una comisaría.
Tres asambleístas de los que encabezaron marchas a fines de diciembre - y que culminaron en multitudinarias manifestaciones afuera de la Legislatura- fueron citados por "privación ilegítima de la libertad". Traducido: los acusan de haber secuestrado a los legisladores y a personal de la Casa de las Leyes el día que se trataron las modificaciones a la Ley 7722, una de las jornadas de mayor ebullición en las calles ante lo que fue el derribo de esa norma para implantar la ley del cianuro impulsada por Suarez.
Tras eso, uno de los más activos militantes sancarlinos fue citado por "Instigación pública a cometer delitos determinados". Con esa amplitud, mientras la fiscalía mantiene vigente la causa, se lo puede dejar sometido a la justicia durante varios meses hasta que se archiven las actuaciones.
Casos recientes
Entre los vecinos que estuvieron en la marcha contra el fracking en Ciudad el domingo 19 de enero se multiplicaron por estas horas las notificaciones de multas enviadas por la Municipalidad. Blandiendo como espada el Código Contravencional, Ulpiano Suarez los acusa de haber bloqueado el tránsito ese día.
El mismo domingo, pero en Junín, Pablo Massutti (docente, miembro de la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes y Secretario de Educación del SUTE) fue abordado por personal de seguridad de la Feria de las Naciones -donde los manifestantes juntaban firmas y repartían folletos- que le exigieron que quitara un cartel colgado en forma de agua que decía “No al fracking”. Pidió explicaciones, le respondieron los uniformados que “molestaba a la gente”. Llamaron a la policía, lo requisaron y los trasladaron a la Comisaría 19 de Junín, donde lo retuvieron varias horas por supuesta “averiguación de antecedentes”.
Organismos de DD.HH. repudiaron la persecución a los que protestan contra el fracking en Mendoza
En las manifestaciones por el agua y contra el fracking hay policías de civil que se mezclan entre los participantes y les sacan fotos que después van a parar a los despachos de las fiscalías contaron a EXPLÍCITO quienes han podido identificarlos.
Ocurrió en la Marcha del Agua en la explanada de Casa de Gobierno: uno de los detenidos contó que los mismos desconocidos que se infiltraron para causar disturbios detuvieron poco después a varios manifestantes.
Una de las manifestantes recibió una multa por 20.000 UTM (cada una vale 4,55 pesos), es decir 91.000 pesos por manifestarse contra el fracking. El intendente Ulpiano Suarez -quien días atrás dijo estar preocupado por la degradación ambiental y salió a juntar colillas por las plazas- la emplaza a que pague en 10 días, como se ve en la foto adjuntada aquí.
Suarez, el intendente, ya había mandado a los inspectores en diciembre para despachar multas contra los manifestantes por el agua. Con el mismo código que usan para penalizar a opositores, a quienes protesten contra sus medidas y a deposeídos, multó a la Sociedad Rural Del Valle de Uco, la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Comunista Revolucionario, la Red Ecosocialista, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Somos Vida, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Frente Popular Darío Santillán, el Feminismo Campesino y Popular y la Unión Trabajadores Rurales sin Tierra.
Insólito peritaje a un mural
En esta embestida contra quienes se manifiestan en defensa del agua este lunes hubo un capítulo que coquetea con el ridículo. La protesta finalizó con la realización de un mural en una especie de muro que oculta las obras que se están realizando en la Legislatura, tras lo cual llegó Policía Científica a peritar restos de aerosoles y pintadas.
Todo hace suponer que esto derivará en nuevas acusaciones contra los manifestantes, tal como hicieran contra los que expresaron su solidaridad en la plaza Chile con los reprimidos por Piñera. Ese día, Roberto Munives -jefe de la Policía que la emprendió en persona golpeando a manifestantes- dijo en todos los medios masivos que los manifestantes habían "incurrido en el delito de dañar patrimonio público".
Defensa de los manifestantes
La Gremial de Abogados y el cuerpo de abogados de las Asambleas por el Agua llevan varios de estos casos. El sábado brindaron un taller gratuito para difundir herramientas de acción colectiva ante esta embestida y criminalización de la protesta.
Todos los delitos que se les endilgan a los manifestantes son excarcelables. Pero cumplen la función de trabar certificados de buena conducta, por ejemplo. "Hasta que no te sobreseen aparece en el Certificado de Buena Conducta. Hay empleos que para postularte te piden ese certificado, o incluso es necesario para matricularse en algunas profesiones", detalló a este diario Laura Valente, de la Gremial de Abogados.
"Como el gobierno no puede accionar físicamente contra el pueblo está buscando disciplinar a los asambleístas, para que esto tenga algún impacto en la gente", agregó la abogada.
Sin embargo, la embestida pareciera estar teniendo un efecto contrario: desde diciembre se multiplicaron las asambleas en toda la provincia y los grupos de jóvenes que se suman a referentes históricos de la pelea por el agua. Como forma de agrupar a las nuevas y viejas camadas surgió la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes.
