Por Jesusa Cervantes
Para Proceso
En los años recientes ningún país ha tenido una desaparición forzada de la magnitud de la ocurrida en Iguala. Y ya desde 2011 la ONU había advertido al gobierno mexicano que en los “miles y miles” de estos casos que hay en México existe el “patrón crónico de la impunidad”.
Así sintetizó Ariel Dulitzky, jefe del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU (GTDF-ONU), la mirada que este organismo internacional tiene sobre lo ocurrido en Iguala el 26 y 27 de septiembre pasados, cuando seis personas fueron asesinadas, una veintena heridas y 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron secuestrados y desaparecidos por policías municipales.
Esos hechos obligaron a Dulitzky a visitar México la semana pasada. Aquí hizo una lista de deficiencias del gobierno federal: Las mismas que detectó en 2011 cuando visitó el país durante 13 días para constatar las denuncias que había en ese tiempo.
“La única diferencia de lo sucedido en Iguala con las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia y las de años recientes es la magnitud, el número de desaparecidos. En mis cuatro años de encargado del Grupo de Trabajo no he recibido ningún caso así de ningún país”, sostiene Dulitzky en entrevista con Proceso.
“Mi presencia aquí refleja la importancia que la comunidad internacional le está dando a los hechos de Iguala”, dice. Y explica que todas las desapariciones sucedidas desde los setenta comparten ciertas características: “Aparente implicación del crimen organizado, dificultades de coordinación entre autoridades federales y locales, falta de reacción inmediata, insuficiencia en la legislación y desconfianza de los familiares en el sistema de justicia, en los ministerios públicos, las policías y las fuerzas armadas”. Así, denuncia la “impunidad crónica que contribuye a la perpetuación de las desapariciones forzadas”.
Enumera otros errores del gobierno: no cuenta con políticas públicas para combatir las desapariciones, carece de coordinación horizontal y vertical entre los niveles de gobierno, no tiene un sistema nacional de búsqueda y ni siquiera ha delineado un marco legal adecuado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
Sobre las dudas que generó la última versión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en el sentido de que los jóvenes secuestrados fueron calcinados, Dulitzky explica: “Eso (la incredulidad) es porque hay una situación de desconfianza que trasciende este caso y que está todavía sin resolver. (…) El Estado no estaba preparado para esto”.
