Federico Soria, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y autor intelectual del proyecto de ley que busca crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, elevó una denuncia ante la Organización Mundial Contra la Tortura.
Soria fue cesanteado por la Administración de Parques Nacionales luego de ser encarcelado tras reiteradas protestas contra San Jorge en Uspallata.
Asegura ser víctima de un entramado de hostigamiento institucional por parte de organismos estatales y grupos privados con intereses en la megaminería, en lo que describe como una avanzada persecutoria de alto impacto humano y ambiental.
Soria, con vasta formación profesional en temas ambientales, expone en la denuncia una seguidilla de hechos que, a su entender, constituyen una campaña coordinada de criminalización, tortura psicológica y persecución política y laboral. Su delito: haber promovido una propuesta legislativa ambiental como alternativa al proyecto megaminero San Jorge, iniciativa resistida desde hace más de una década en la villa cordillerana-
“Todo comenzó con la propuesta de blindar legalmente el entorno de Uspallata contra la megaminería”, denuncia. Su proyecto fue presentado formalmente en 2009 como una iniciativa popular en la Legislatura, con argumentos científicos y técnicos para proteger la cuenca del Río Mendoza.
La denuncia revela cómo, en paralelo al resurgimiento del expediente minero en 2025 —bajo el nombre PSJ Cobre Mendocino y en manos de la corporación Solway— se intensificó una ola de acusaciones sin sustento, causas judiciales arbitrarias, detenciones, mobbing laboral y una campaña mediática que busca desacreditar tanto a él como a la Asamblea a la que pertenece.
Entre los hechos más graves señalados por Soria se encuentra su detención, bajo condiciones inhumanas, y la privación ilegítima de la libertad de otro asambleísta, Mauricio Cornejo, con múltiples fracturas al momento del arresto.
Cornejo permaneció detenido en un calabozo por tres semanas, y dos más en domiciliaria
La denuncia también apunta a la intervención de actores estatales y privados: desde la corporación Solway, vinculada a escándalos de violaciones de derechos humanos en otros países, hasta medios de comunicación y funcionarios provinciales y nacionales que lo tildaron de “terrorista”.
La situación se agrava al conocerse que más de 300 concesiones mineras metálicas esperan luz verde en la zona cordillerana del valle, lo cual —de aprobarse San Jorge— podría poner en jaque a la cuenca hídrica que abastece al Gran Mendoza y al oasis Norte y Este. Frente a ese escenario, la iniciativa para declarar Uspallata-Polvaredas como área protegida no solo busca resguardar el ambiente, sino también los modos de vida de una comunidad que apuesta al turismo, la agricultura y la ganadería.
“No pido que esto se trate como una causa personal, sino como un llamado urgente a visibilizar un proyecto colectivo que defiende el agua y el territorio. Lo que está en juego es mucho más que mi historia”, concluye Soria.
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Denuncia Ante La Organización Mundial Contra La Tortura by Explícito Online
