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Entre las respuesta más precoces de la política ante el falló de la Corte que borró los límites de la extranjerización de la tierra figuran los patrocinios de al menos dos medidas cautelares. Es decir, la política le devuelve la pelota a la Justicia, que acaba de invalidar -con una sentencia inapelable del trío supremo- el interés por la soberanía de una agrupación de veteranos de Malvinas.
La Corte Suprema Abreviada, de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, abrió de par en par las tranqueras de la tierra al capital trasnacional con una sentencia contra el derecho de los ex combatientes a litigar en defensa de la soberanía.
Los supremos no son ingenuos, esperaban el rechazo al remate de posiciones estratégicas del mapa nacional, porque ya había sido mensurado en el teatro de operaciones: Milei quiso aprobar por ley la extranjerización, pero reculó cuando vio la zona perimetral en torno a la Casa Rosada explotada por la cantidad de gente que se alzó contra la bandera de remate.
Victimización suprema
La Corte salió a condenar al extremismo verborrágico que despertó con su fallo. Lo hizo con un comunicado distribuido por whatsapp entre periodistas.
El triunvirato supremo explicó que la sentencia que vació de límites a la extranjerización “se limitó a resolver exclusivamente una cuestión de forma y legitimación procesal”. El comunicado desnuda la falta de costumbre en el arte de rendir cuentas por sus actos.
Tras la aclaración de la Corte Suprema de que la vía legal para cuestionar la norma seguía abierta, se plantearon dos acciones en los tribunales por parte de la política.
Amparo de Pichetto y Massot
Los diputados nacionales solicitaron la suspensión interina del artículo que deroga la Ley de Tierras hasta que la Cámara baja defina el futuro de todo el mega decreto.
El argumento central es evitar que las compras de tierras rurales o ribereñas por parte de extranjeros realizadas por estos días se consoliden jurídicamente como un derecho adquirido en caso de que el decreto termine siendo rechazado por el Congreso.
Pidieron a la Justicia que obligue al Estado a publicar oficialmente la existencia de este litigio. El objetivo es que ningún futuro comprador pueda alegar "desconocimiento" de la controversia judicial para intentar retener las tierras.
La cautelar de Misiones
El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado provincial a presentar una cautelar propia.
La provincia fundamenta su amparo en una realidad geográfica concreta: el 90% de su territorio limita con otros países. Argumentan que vender tierras estratégicas sin topes a extranjeros impacta directamente sobre su autonomía, finanzas y soberanía territorial.
En sintonía con la demanda judicial, el gobernador firmó un decreto provincial en el que rechaza explícitamente el artículo 154 y ordenó a los diputados nacionales misioneros (habituales aliados del Gobierno nacional) dar quórum en la próxima sesión convocada por la oposición para derogar el DNU.
Con estas presentaciones, tanto los legisladores (en defensa de las facultades del Congreso) como el Estado misionero (por su control territorial fronterizo) buscan acreditar la "legitimación" directa que la Corte Suprema le denegó al amparo original que había presentado el centro de excombatientes de Malvinas.
