Rolando Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis Miret y Otilio Romano ya no sólo están acusados de omitir o hacer la vista gorda frente a evidentes casos de tortura, secuestros y demás violaciones a los derechos humanos, sino que los testimonios los revelan como engranajes fundamentales en la ejecución del plan de exterminio de militantes y afines, según repiten una y otra vez los testigos del juicio a jueces que se desarrolla en Mendoza y por el cual los cuatro están sentados en el banquillo junto a militares y policías.
Otro de los testimonios que se sumó en las últimas horas fue el de Guido Actis, representante en los 70 de la Dirección de Estadísticas y Censos. La suya fue la última detención de delegados de ATE que también pertenecían a la Juventud Trabajadora Peronista -JTP-, secuestrado en el Operativo de febrero del ’76.
El intento de organización del sindicalismo combativo, con gran representación de base, fue blanco de la represión a lo largo del país. En Mendoza, sólo en esta causa, se cobró la vida de Marcos Ibáñez, representante de los trabajadores de la Terminal de Ómnibus y de Miguel Ángel Gil, delegado de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA-, ambos muertos en la tortura.
Segun reseña el sitio juiciosmendoza.blogspot.com.ar, Actis llegó a la penitenciaría el 27 de febrero del ’76 junto a los y las detenidas del mismo operativo, pero a diferencia del resto de sus compañeros, permaneció más de dos años en la cárcel local.
Antes de llegar allí pasó por el D2 donde, recordó, se cometían violaciones sistemáticas a las mujeres. Actis resaltó la agonía sufrida por Miguel Ángel Gil y la torre humana, que según opinó, le causó la muerte. Más aún, escuchó, “parece que se nos fue uno” de boca de los guardias, enseguida los gritos de Marcos Ibáñez y finalmente, un silencio absoluto. Actis manifestó que Miguel Ángel Gil murió allí, en el D2.
Después el testigo describió con gran precisión la disposición de los pabellones de la Penitenciaría, el aislamiento y los garrotazos recibidos en los calabozos de castigo y proporcionó el nombre de numerosos penitenciarios. Entre ellos identificó a Bianchi, Bonafede y Barrios, como quienes estaban de guardia el día de la golpiza de julio del ’76. Agregó los nombres de Quenán, Linares, Sachetti, Galignana y otros, desde alcaides hasta celadores.
Después de dos años y ocho meses en el penal provincial fue trasladado a las cárceles de Caseros y La Plata. Obtuvo libertad vigilada en noviembre de 1982 y libertad definitiva en el ‘83.
Fuente: juiciosblogspot.com.ar
