La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apeló el sobreseimiento otorgado al empresario Vicente Massot por su responsabilidad en el secuestro y asesinato durante la dictadura de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.
La presentación fue realizada ante la Cámara Federal de Bahía Blanca con el objetivo de revertir el fallo de primera instancia del juez federal Walter López Da Silva que benefició al ex dueño del diario bahiense.
Heinrich y Loyola eran secretario general y tesorero del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca y trabajaban en La Nueva Provincia. Habían mantenido durante 1975 un gran conflicto laboral con la empresa y poco después del golpe, en la madrugada del 1 de julio de 1976, ambos fueron secuestrados en sus casas y encontrados acribillados el 4 de julio en la zona de “Cueva de los Leones”, en las afueras de Bahía Blanca.
Massot estaba acusado como coautor de los homicidios de Heinrich y Loyola y como miembro de una asociación ilícita junto a las fuerzas represivas para realizar tareas de acción psicológica sobre la población durante la última dictadura cívico-militar.
En el recurso presentado ante la alzada, la Secretaría adhirió al planteo de la fiscalía y solicitó que se revoque el sobreseimiento dictado el 31 de mayo pasado, al considerar que se trata de una sentencia arbitraria, en la que no se ha efectuado un análisis integral de los elementos de prueba y del contexto en el que ocurrieron los hechos.
La querella puso especial énfasis en el rol gremial de las víctimas y el obstáculo que significaban para los planes económicos de las empresas. Tanto Heinrich y Loyola fueron mencionados en un informe de inteligencia en una lista de “personal a ser raleado”.
Señaló que durante la dictadura era prioritario para los grupos empresarios destruir a los dirigentes de sindicatos combativos para implantar el terror en la sociedad y un nuevo modelo económico y que “a partir del golpe genocida, los empresarios que habían tenido que lidiar con los gremios combativos denunciaron ante las autoridades militares a las cabezas de esos gremios que fueran asesinados o desaparecidos, lo que dio lugar a innumerables causas (muchas de ellas en trámite) como son Ford, Acindar, Veloz del Norte, Ledesma, La Fronterita, etc.”.
En el caso de La Nueva Provincia, destacó el fluido vínculo entre la empresa y las fuerzas armadas y la relación que mantuvo Massot con el espía chileno Enrique Arancibia Clavel, lo que acredita el acceso a información y un conocimiento profundo sobre el accionar del terrorismo de Estado.
A partir de las pruebas reunidas en la causa, la Secretaría solicitó a la Cámara Federal de Bahía Blanca que los hechos por los cuales está acusado Massot se debatan en un juicio oral y pidió que, antes de resolver, se cite a las familias de las víctimas para que sea escuchada su opinión a partir de la ley 27.372, de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.
La investigación contra Massot por crímenes de lesa humanidad lleva muchos años demorada en la justicia federal de Bahía Blanca. Las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura son las que mayor resistencia generan en el Poder Judicial. Por eso es necesario un avance sin más dilaciones para que las víctimas puedan acceder a la justicia y reparación en un plazo razonable y conocer la verdad de lo ocurrido.
