La Universidad Nacional de Cuyo formalizó su incorporación como miembro honorario de la Fundación Plan Pilares, una iniciativa público-privada que promueve el desarrollo de la minería en Mendoza bajo el rótulo de “sostenible, moderna e inclusiva”. La adhesión, presentada como un paso estratégico hacia una “nueva matriz productiva”, fue celebrada por autoridades universitarias y representantes del sector minero sin que mediara debate académico ni consulta institucional abierta.
Sin embargo, ya asoman las primeras críticas en defensores del agua por prestar el sello de goma de la casa de altos estudios para el lobby minero con pátina institucional.
Compromiso técnico sin posicionamiento institucional
La rectora Esther Sánchez rubricó el acta de adhesión y destacó el compromiso de la Universidad para aportar “investigadores, cuadros técnicos y formación académica” al desarrollo de la actividad minera. En sus declaraciones, Sánchez insistió en que se trata de una oportunidad para generar empleo y conocimiento, y que el enfoque será “respetuoso del ambiente”.
Sin embargo, evitó referirse a las tensiones sociales, ambientales y territoriales que históricamente han rodeado los intentos de expansión minera en la provincia. Uno de esos puntos críticos es el informe de la Facultad de Medicina que desaconseja el impulso del proyecto San Jorge.
Una agenda cocinada desde los despachos oficiales
La Fundación Plan Pilares, impulsada por actores empresariales y técnicos vinculados al sector, busca instalar una “agenda colectiva e integrada” que convierta la minería en política de Estado. Su vicepresidente, el geólogo Guillermo Pensado, agradeció el apoyo de la UNCuyo desde el armado de la Fundación y adelantó que el próximo paso será articular con otras universidades, cámaras empresariales y consejos profesionales para delinear una “visión estratégica” de largo plazo.
Sin consulta a los claustros ni debate ambiental
La incorporación de la UNCuyo al Plan Pilares se presenta como un gesto institucional de alto impacto político, que blanquea el respaldo académico a un modelo extractivista que aún no ha sido discutido en profundidad por la comunidad científica ni por los claustros universitarios. No hubo pronunciamiento del Consejo Superior, ni se convocó a especialistas en ambiente, salud pública o derechos humanos para evaluar los alcances del acuerdo.
El antecedente: el plan con Mekorot para manejar el agua
No es la primera vez que la Universidad se alinea sin fisuras con los planes estratégicos del oficialismo. Ya lo había hecho con su adhesión en el plan del manejo del agua, cuando el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, avanzó con su estrategia para modificar las leyes que regulan el uso y distribución del recurso hídrico en Mendoza y entregarle el diseño a la estatal israelí de aguas Mekorot,
A fines de 2022, Marinelli se quejó públicamente por el agua que corre por las acequias y acusó a la población de hacer un uso irracional del recurso.
Mekorot, reformas y técnicos universitarios
El gobierno de Rodolfo Suarez firmó un convenio con Mekorot para trabajar en una reforma profunda de la centenaria Ley de Aguas. En ese marco, la UNCuyo volvió a ocupar un rol técnico legitimador. Autoridades de Irrigación se reunieron en el Rectorado con la rectora Sánchez para avanzar en el diseño de las reformas, sin convocar a especialistas en ecología, urbanismo o derechos humanos.
El informe que contradice el relato oficial de "minería sostenible"
Paradójicamente, un informe técnico de la propia Facultad de Medicina de la UNCuyo alertó sobre la peligrosidad de las sustancias químicas que planea usar la minera San Jorge en Uspallata.
El estudio, solicitado por el Rectorado para ser incorporado al dictamen de la Fundación, fue liderado por expertos en bioquímica, epidemiología y salud pública. Analizó el impacto del Metil Isobutil Carbinol (MIBC), el Isobutil Xantato de Sodio (SIBX), la Poliacrilamida Aniónica (APAM) y el Óxido de Calcio (CaO), concluyendo que presentan riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente.
Los especialistasadvirtieron que estos compuestos pueden contaminar cuerpos de agua, alterar el pH del suelo, afectar el sistema nervioso central y bioacumularse en organismos vivos, con persistencia ambiental elevada. “Una vez que ingresan a los ecosistemas, su persistencia es elevada y pueden estar biodisponibles para su acumulación en las cadenas tróficas”, señala el informe.
Una usina técnica al servicio del poder económico
La pregunta que queda abierta es si la comunidad universitaria —docentes, estudiantes, investigadores— acompañará estas decisiones o exigirá instancias de deliberación pública. Porque si el conocimiento científico va a ser puesto al servicio de industrias con antecedentes conflictivos, al menos debería mediar el debate, la transparencia y el respeto por las voces que históricamente han cuestionado estos modelos.
