Uspallata celebró este sábado el regreso de Federico Soria y Mauricio Cornejo, vecinos que habían sido detenidos después de participar en protestas contra el proyecto minero San Jorge. La denuncia, presentada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, no logró sostenerse en los tribunales debido a la falta de pruebas y testigos.
Un hito en la historia de la protesta en Mendoza
La liberación de Soria y Cornejo marcó un momento clave en la lucha por los derechos democráticos en Mendoza.
Cornejo pasó tres semanas en un calabozo y dos más en arresto domiciliario, mientras que Soria, a pesar de su delicado estado de salud, estuvo tres días en el complejo penitenciario Estrada.
Asambleas y planes de acción
Este lunes, los vecinos y asambleístas se reunirán en la Casita Colectiva de Guaymallén para trazar un plan de lucha frente a las políticas que consideran restrictivas de las libertades democráticas. "Esto recién empieza", afirman, mientras exigen la libertad definitiva y el desprocesamiento de los activistas, así como la reivindicación de su honor.
El respaldo de la Iglesia Católica
La Iglesia Católica también ha alzado su voz en este conflicto. Representantes del grupo Iglesias y Minería presentaron un escrito en repudio a las condiciones de detención de los activistas. Aunque no pudieron ingresar al Polo Judicial, lograron hacer llegar su mensaje por medios electrónicos, destacando la preocupación del arzobispo por la situación.
Un debate pendiente
En el ámbito político, un proyecto presentado por el diputado Jorge Difonso (LUM) busca interpelar al jefe del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, para esclarecer las acciones judiciales que llevaron a la detención de los vecinos.
con el fin de exponer la actuación de los fiscales en la persecución a vecinos y asambleístas de Uspallata encarcelados tras protestar contra la mina San Jorge, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto para que el Ministerio Público Fiscal (MPF) explique porqué siguen detenidos.
Gullé ostenta una gran sintonía en las políticas punitivistas con Alfredo Cornejo.
El rol del oficialismo
Desde que comenzaron las protestas, y después con el encarcelamiento de Cornejo, el oficialismo jugó un rol activo contra los vecinos tildándolos de terroristas en las redes -el caso de la Vicegobernadora Hebe Casado es el de mayor rango institucional- y fogoneando la confusión en la opinión pública mezclando a quienes protestaban por la minería con el ataque a un negocio.
El intendente de Las Heras Francisco Lo Presti, fue más allá intentando ser querellante en la causa, aunque esta chance fue descartada por la justicia.
Mientras pasaban las semanas, Cornejo -detenido a fines de febrero-seguía en el calabozo y se multiplicaron las protestas en Uspallata, Ciudad, en la Vendimia y en el Polo Judicial. El gobierno, mientras tanto, hizo caso omiso y redobló su participación en foros mineros, donde intentó promocionar a Mendoza como tierra de leyes blandas, impuestos bajos y licencia social para la megaminería.
