Por Nathalia Urban
Para Jacobin
Según el portavoz del gobierno boliviano Jorge Richter, los gobiernos de Brasil y Chile podrían haber estado involucrados en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que se produjeron en el país tras la renuncia de Evo Morales en 2019. Sin dar más detalles, dijo que ahora se investigará una posible colaboración internacional.
El anuncio de Richter se produjo después de que el gobierno boliviano denunciara la participación del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces reelegido presidente de Bolivia, Evo Morales. El canciller boliviano Rogelio Mayta reveló documentos que prueban el envío de municiones argentinas y ecuatorianas (en tiempos de Mauricio Macri y Lenín Moreno) que fueron utilizadas por las fuerzas policiales bolivianas para reprimir las protestas populares contra el gobierno golpista de Jeanine Áñez.
El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, anunció la propuesta de crear una comisión de investigación para indagar no solo las acusaciones contra Macri, sino también la posibilidad de que otros gobiernos hayan colaborado con los golpistas.
Mamani no ocultó qué gobiernos serán investigados: Jair Bolsonaro en Brasil y Sebastián Piñera en Chile. Abiertamente hostiles a Evo Morales y a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), ambos países han mantenido una animosidad hacia el nuevo gobierno progresista de Luis Arce que ganó las últimas elecciones. En cambio, ambos han apoyado al gobierno de Jeanine Áñez, la «presidenta interina» que fue instalada por las Fuerzas Armadas tras el golpe de Estado de 2019.
El viceministro de Interior de Bolivia, Nelson Cox, afirmó que el Ejecutivo estudia la posibilidad de iniciar procesos penales en el extranjero contra «altos funcionarios» de otros países y organismos internacionales por su presunta participación en el golpe de Estado de 2019.
Bolsonaro y la derecha boliviana
La relación entre Bolsonaro y la extrema derecha boliviana es muy extensa, y los vínculos entre los fascistas brasileños y sus homólogos bolivianos, muy claros. Brasil fue uno de los primeros países del mundo en reconocer a Jeanine Áñez como presidenta y uno de los principales opositores de Evo Morales, Branko Marinković, vivió en Brasil durante aproximadamente 10 años para evitar responder a los cargos de terrorismo que se le imputaban en Bolivia. En ese tiempo hizo «poderosas amistades», entre ellas la del hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro.
El agroempresario croata-boliviano tiene una interesante historia de vida. La familia Marinković, originaria de la isla de Brač, emigró a la provincia boliviana de Santa Cruz a mediados de la década de 1950. Gracias a un exitoso negocio agrícola, entre otras cosas, la familia se convirtió en una de las más ricas e influyentes de Bolivia.
La familia Marinković posee casi 40 millones de acres de tierra y tiene una participación en un banco local muy importante, el Banco Económico. Branko es conocido como «el rey de la soja», y a lo largo de los años ha sido un firme opositor a las políticas de nacionalización y a la postura del gobierno de Morales sobre la distribución de la tierra. «La reforma agraria puede llevar a la guerra civil», advirtió Marinković.
En agosto de 2020, Jeanine Áñez nombró a Branko Marinković ministro de Planificación. Sin embargo, el 28 de septiembre, los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo de Bolivia dejaron sus cargos tras las desavenencias entre el ministro de Economía y el gobierno. Ese mismo día, Áñez se apresuró a nombrar sustitutos y Branko Marinkovic fue elegido para hacerse cargo del Ministerio de Economía. Su predecesor, Óscar Ortiz, se marchó alegando que no había dimitido.
Tan solo nueve días antes de las elecciones, en las que su gobierno tenía pocas o ninguna posibilidad de ganar legítimamente, Marinković acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir un préstamo de 330 millones de dólares.
Apoyo diplomático
Otro allegado a la familia Bolsonaro es Luis Fernando Camacho, dirigente político de Santa Cruz de la Sierra, quien también ha expresado su profunda admiración por el gobierno brasileño.
En mayo de 2019, Camacho difundió un vídeo en las redes sociales en el que aseguraba haber pedido ayuda al excanciller brasileño, Ernesto Araújo, para consultar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la posibilidad de frenar el intento de Morales de ganar un cuarto mandato. Camacho también dijo que se había reunido con Araújo para pedirle al gobierno brasileño que realizara una consulta a la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en contra de Morales.
Itamaraty dijo que la audiencia, que tuvo lugar el 2 de mayo, fue en realidad con la diputada Carla Zambelli, y que estuvo acompañada por Camacho y un grupo de parlamentarios que estuvieron con el canciller para «tratar temas de interés para las relaciones bilaterales». Según Itamaraty, Camacho no mantuvo ninguna reunión o conversación específica con el ministro.
El contacto entre los aliados de Camacho y Bolsonaro comenzó mucho antes. A finales de 2018, numerosos líderes y empresarios latinoamericanos viajaron a la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu para asistir a una cumbre conservadora organizada por el diputado Eduardo Bolsonaro, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara. En esa misma cumbre, Marinkovic pronunció un discurso en el que fue llamado por Eduardo Bolsonaro el «peor enemigo de Evo Morales».
No podemos olvidar el caso de los sospechosos y reiterados vuelos del avión presidencial boliviano a Brasil que, en un principio, el gobierno inconstitucional pretendió negar. Sin embargo, datos de la empresa estadounidense de seguimiento de vuelos FlightAware, a los que accedió el diario argentino Página/12, muestran que la aeronave estuvo en Brasilia en las primeras horas del primer día del golpe, el 11 de noviembre de 2019.
Conspiración regional
El actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió disculpas al pueblo boliviano en nombre de su predecesor por el envío de las armas. Las investigaciones argentinas muestran evidencias de que el expresidente Mauricio Macri envió armas y municiones para reprimir a los partidarios de Evo Morales.
El Ministerio Público de Argentina ha abierto una investigación formal para determinar el alcance de los delitos cometidos por el expresidente. Entre las autoridades que serán investigadas por cargos de injerencia internacional y envío de armas, además del propio Macri y dos exministros: Patricia Bullrich, de Seguridad, y Oscar Aguad, de Defensa.
Según el diario argentino El Orsai, la estación de la CIA en La Paz ordenó al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Bolivia, José Sánchez, que apoyara la recopilación de información sobre Evo Morales, su gobierno y sus aliados: todos los funcionarios cubanos, venezolanos y nicaragüenses que viven en Bolivia, incluidos los diplomáticos. Para llevar a cabo esta orden, José Sánchez no solo utilizó a sus representantes en el país, sino que también solicitó el apoyo de representantes en Brasil, Colombia y Perú.
Documentos de la embajada argentina en La Paz aportan detalles de una reunión ocurrida en julio de 2019 en la que el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kevin Michael O’Reilly, advirtió que era probable que Evo ganara las elecciones presidenciales y llamó a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Brasil, Argentina y Perú a cuestionar la transparencia y legitimidad de los comicios.
Uno de los pasajes más interesantes del documento dice que el escenario político boliviano depende de lo que ocurra en Venezuela, lo que aumenta la evidencia de un plan más amplio para desestabilizar a la izquierda regional. También se analizaron los viajes de Evo Morales al extranjero, y O’Reilly destacó su preocupación por el creciente acercamiento entre Morales y el gobierno ruso.
Recientemente, Morales ha advertido de la puesta en marcha de una nueva Operación Cóndor en América Latina. Levantando los movimientos sociales para luchar por la paz en defensa de la democracia y la soberanía, Morales rechazó los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos que «causan dolor a los pueblos latinoamericanos».
Los temores de Morales se consolidaron aún más después de que el director de la CIA, William J. Burns, visitara Brasil y Colombia.
Preguntado por la visita, Bolsonaro dijo: «No voy a decir que esto se manejó con él [Burns]», y luego pasó a hablar del panorama político en Sudamérica. «Analizamos cómo son las cosas. En Venezuela la gente ya no soporta hablar, pero miren a Argentina. ¿Hacia dónde va Chile? ¿Qué pasó en Bolivia? La banda de Evo Morales ha vuelto y la presidente que estaba con un mandato temporal está en la cárcel, acusada de actos antidemocráticos. ¿Siente usted alguna similitud con Brasil?», concluyó el presidente, preocupado por correr la misma suerte en suelo brasileño.
Las estrategias de la Operación Cóndor, que funcionaron en los años 60 y 70 para establecer regímenes dictatoriales en América Latina con el apoyo de EE. UU., parecen no funcionar en el siglo XXI, tras la maduración y acumulación de la izquierda latinoamericana. O, al menos, no tienen la misma durabilidad y las dictaduras que antes duraban décadas ahora resisten solo unos meses, como en el caso de Bolivia.
