El Gobierno Nacional y los gobernadores de las provincias petroleras acordaron el martes un proyecto que modifica el modelo petrolero nacional, actualmente atomizado entre las estrategias provinciales para morder parte de la porción del negocio más allá de lo reglado por regalías para la jurisdicción con hidrocarburos en su subsuelo.
El principal efecto del proyecto será la unificación de las condiciones para los oferentes en las licitaciones de áreas con cierta inversión proyectada como base. Esto es, que las provincias no podrán imponer tasas, impuestos ni asociaciones obligatorias a las empresas concesionarias de la explotación petrolera, como pueden hacerlo con la norma que rige la actividad en la actualidad.
Para llegar al acuerdo, la Nación y las provincias cedieron en sus posiciones originales. A continuación, algunas implicancias determinantes del proyecto que tratará el Congreso con pleno apoyo de las partes en cuestión
- Habrá plena competencia entre los actores, por medio de la supresión de las reservas de áreas para el futuro y del esquema de ingreso a estas áreas, con el fin de privilegiar la inversión. Se consensuó un pliego uniforme para todo el país a acordar entre Nación y los estados provinciales.
- Se incentiva la inversión en proyectos de alto riesgo como por ejemplo el no convencional y el off shore, ampliando y diferenciando los plazos de concesión: 35 años para no convencionales y 30 años para offshore.
- Para acelerar los plazos de exploración, desincentivar la inversión especulativa y acelerar los tiempos de desarrollo, se establecen plazos más cortos para la exploración.
- Se establece un horizonte de previsibilidad para maximizar las inversiones en las áreas productivas permitiendo las prórrogas por 10 años para concesiones existentes y el operador haya cumplido con las inversiones comprometidas. En cada prorroga el concesionario deberá pagar una regalía adicional del 3% en cada extensión, con un tope del 18 por ciento.
- Se le otorga previsibilidad al bono que actualmente cobran las provincias en la extensión de las concesiones, fijando por ley el esquema de percepción sobre las reservas probadas remanentes. Pero esto no será considerado un bono o cánon por el ingreso a un área.
- Para fomentar la inversión real extranjera se le otorga rango de ley a los beneficios contemplados en el Decreto 929/13 ampliando su alcance a proyectos de inversión superiores a U$S 250 millones, otorgando libre disponibilidad de las divisas, del 20% para proyectos convencionales y no convencionales y del 60% para proyectos offshore (sólo en el caso que haya exportación de hidrocarburos).
- Otro de los puntos que muestran un cambio amplio es el vinculado a la inversión en Responsabilidad Social Empresaria. En el marco de este régimen de incentivo a la inversión,las empresas aportarán como RSE a las provincias productoras el 2,5% del monto inicial de inversión y el Estado Nacional aportará fondos para financiar obras de infraestructura. Antes era un 0,5 por ciento.
- Para generar mayor oferta y velocidad a la actividad, se promueve un régimen especial para la importación de bienes de capital o insumos no producidos en el país.
- Se le da rango legal al programa de estímulo a la inyección excedente de gas naturalcreado por las resoluciones N°1/13 y 60/13 (7.5 dólares por MBTU).
- El tema medioambiental y de pasivos, una de las cuestiones que quedaron sin resolver tras el resarcimiento a Repsol, también se lleva un apartado. Provincias y la Nación promoverán una norma legislativa uniforme en la materia para que gestione de otra manera un tema altamente sensible.
- Ambas partes propiciarán un tratamiento fiscal uniforme que le dé impulso a la actividad entre las provincias productoras.
Fuente: Infonews
