La Asociación de Derechos Humanos Xumek, e conjunto con Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentaron una denuncia ante la ONU sobre la existencia de "un plan sistemático para someter la independencia del Poder Judicial implementado en Mendoza a partir de la asunción de Alfredo Cornejo y que subsiste bajo el mandato de Rodolfo Suarez".
El sometimiento del Poder Judicial es una de las evidencias de la suma del poder público que acumuló Cornejo desde su llegada a la gobernación, designando ministros de su gabinete como jueces pese a los cuestionamientos, incluso violando leyes para designar, ya en la gestión Suarez, a Teresa Day en la Corte, y también quedándose con la Procuración, así como fiscalías que le responden directamente.
La denuncia describe, además, el contexto de concentración de poder durante la gestión de Cornejo quien renovó a todos los integrantes de los organismos de control independiente, entre los que se encuentran el Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia (allí nombró al radical Néstor Parés), el Contador General de la Provincia, la titular de la Defensa Pública y el Procurador de las Personas Privadas de la Libertad y el desmantelamiento de la Comisión Provincial para Prevenir la Tortura, limitando la participación de Organismos de Derechos Humanos y consagrando la hegemonía oficialista.
"La denuncia presenta diversos hechos que ponen de manifiesto el quiebre de la independencia en la Suprema Corte mendocina, Casos de Intervención y Subordinación en el Ministerio Público de la Provincia de Mendoza, la persecución a Magistrados por sus resoluciones, la estigmatización y ataques contra abogados, la discrecionalidad en la designación de magistrados y el sometimiento político de los órganos de control", se lee en un resumen de la presentación realizado por Xumek.
Justicia a la Carta
A lo largo de la denuncia se exponen casos emblemáticos cuestionadas judicialmente donde la actuación de los miembros de la Suprema Corte designados por Cornejo y Suarez intervinieron en forma indebida para salvaguardar los intereses de sus Gobiernos.
Tal es el caso del “ítem aula”. Durante el año 2016, Cornejo logró la aprobación de una ley que establece un incentivo al personal docente, cuestionado por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) ante la Corte por considerarlo discriminatorio, violatorio del derecho a la salud y a la libertad sindical. El mismo día que vencía el término para dictar sentencia, se presentó el Gobierno de la Provincia solicitando un fallo plenario, cambiando la integración del tribunal que debía resolver en violación de la ley 4969 que fija como límite para el llamado a plenario la fecha del acuerdo para dictar sentencia, que se había producido siete meses antes".
Persecución a la Tupac, otro hito en el cornejismo
"La persecución a la Organización Barrial Tupac Amaru configura otro caso de manipulación de la composición de la Corte realizada a instancias de Cornejo en el marco de un recurso de queja presentado en octubre de 2017 por el Ministerio Público Fiscal", señala Xumek.
En efecto, el ataque a esta organización barrial y política fue uno de los hitos del macrismo a nivel nacional -por el cual Milagro Sala aún continúa presa- y a nivel provincial, lo cual derivó en la paralización y/o demora en la construcción de viviendas para sectores vulnerados.
"Cornejo pretendía que se dictara la prisión preventiva de los dirigentes sociales que habían sido liberados por decisión de la Octava Cámara del Crimen. La Sala II de la Corte se encontraba presidida por el juez Valerio e integrada por Palermo y Gómez, quienes se encontraban fuera de su control político. El juez Palermo había solicitado licencia a partir de junio de 2018 con motivos académicos. Por ello, Valerio llevó adelante maniobras dilatorias prolongando indebidamente la tramitación del recurso hasta que Palermo iniciara su licencia, suspendiendo dos veces el llamado a sentencia", indica el informe.
Sigue: "Fue así que el Gobierno logró integrar la sala con un juez afín, Pedro Llorente, quien no podía intervenir por haber adelantado opinión al votar por la procedencia del jury de enjuiciamiento contra los jueces de la Octava Cámara del Crimen en el mismo expediente en que debía ahora dictar sentencia, tal como lo expuso el propio Valerio ante el Jury. El juez Valerio utilizó esos argumentos para excusarse en el Jury y los opuestos para rechazar la recusación de Llorente. Con esta nueva composición el gobierno se aseguró una mayoría y un día antes de la reincorporación de Palermo anuló la resolución, tal como exigió Cornejo".
El capítulo ambiental
En la denuncia de Xumek hay un análisis de la imposición ilegal del fracking vía decreto en el gobierno de Cornejo, con participación decisiva de la justicia que le responde.
"La aprobación del fracking también cuenta con una participación de Garay como juez y parte. Al momento de tratarse el cuestionamiento por parte de la Organización ambientalista Oikos, ante la Sala I de la Suprema, del polémico decreto que habilita la fractura hidráulica dictado en 2018, Garay, quien se desempeñó hasta el 31 de julio de 2018 como Ministro de Gobierno había dictado el decreto cuestionado. Así, tres meses después de asumir como miembro de la Suprema Corte firmó la sentencia que rechazó la acción procesal administrativa", señala Xumek.
"Posteriormente -señala la organización- con la integración de la jueza Day, la Corte sólo admitió la participación como amigo del tribunal a cinco instituciones que argumentan a favor del Estado, rechazando la intervención de Xumek, que solicitó la declaración de inconstitucionalidad".
La cooptación total del Poder Judicial y la sumisión del periodismo de Mendoza son dos de las espadas con que Cornejo y Suarez pelean la batalla por el avance del fracking violando leyes y regulaciones denunció al respecto la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas en un informe titulado "Los caminos judiciales del fracking".
Este es el informe de Xumek sobre la denuncia ante la Relatoría de la ONU, que será presentado este jueves 9 de diciembre:
