Los anestesistas de Mendoza nucleados en la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA) advirtió que acudirán a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por el proyecto de ley de "emergencia en anestesiología", y que habilita al Gobierno a contratar a profesionales del rubro jubilados y a capacitar de manera urgente a otros médicos para que suministren anestesia mientras dure la condición de "emergencia", entre otros puntos.
Además, los anestesistas le pidieron a los legisladores del Frente de Todos que no convaliden con su voto el proyecto de ley. Precisamente, el PJ propuso modificaciones a la iniciativa que fueron aceptadas por el Gobierno, y que reducen a 120 días la emergencia, además de que elimina la convocatoria a anestesiólogos jubilados. Con estos cambios, la oposición aceptó tratar el proyecto en ambas cámaras este martes.
Para estos profesionales el proyecto que impulsa Rodolfo Suarez es un "atentado a la salud pública que desprecia un derecho fundamental como la vida", como resumieron en una conferencia de prensa en la tarde de este lunes. Y declararon que los que voten a favor serán "responsables solidarios junto al Ejecutivo de cualquier evento que como consecuencia de esta ley ponga en riesgo la vida de un paciente".
La propuesta de ley, señalaron, "deja en evidencia un estado de ignorancia y de negligencia inéditos en nuestros funcionarios de la salud, anulando los estándares internacionales para proporcionar una anestesia segura, despreciando la vida de los potenciales pacientes, los mismos que argumentan proteger con esta catastrófica propuesta de ley".
AMA subrayó que colabora con la formación de los anestesistas, que es "de un costo altísimo, y que es afrontada con nuestros aportes". Esta formación, apuntaron, se vio resentida en la pandemia, porque los residentes fueron reasignados a cumplir tareas críticas por la expansión de la COVID-19.
Según AMA, "el reclamo salarial ha quedado en un segundo plano. Quizás sea posible admitir que en los tiempos de emergencia económica, que no es el caso de Mendoza, que tiene un superávit fiscal de 35 mil millones, los profesionales de la Salud, cualquiera sea su especialidad, acepten poner su esfuerzo al servicio del estado provincial en condiciones salariales precarizantes. Lo que jamás, y bajo ninguna circunstancia ni siquiera excepcional vamos a permitir es que mediante una infundada ley de emergencia, un gobierno provincial vulnere el estado de derecho, despreciando todo derecho humano, obligando a los anestesistas a un trabajo forzoso en carácter de carga pública bajo la amenaza de suspender su matrícula e iniciar acciones penales y civiles i se negaran".
Subrayaron la gravedad de que, como dispuso el Gobierno, "cualquier profesional de la salud que se desempeñe en un área crítica pueda administrar anestesia a un paciente y formar a un profesional de nuestra especialidad. A toda la sociedad le decimos, no hay anestesia segura si no hay un anestesiólogo en la cabecera del paciente".
