El Lof Limay Kurref forma parte de las comunidades mapuche del Sur nucleadas en Malalweche, junto con otros como lof Malal Pincheira y Lof El Morro. Ninguna de esas comunidades fueron consultadas ni escuchadas al momento de otorgárseles a empresas petroleras las concesiones de pozos petroleros ( en el caso de Limay Kurrel se trata de extracción a través de la técnica del fracking).
Esta situación fue denunciada en la Suprema Corte a través de un pedido de inconstitucionalidad -la Constitución Nacional protege a los originarios en ese sentido- al mismo tiempo que lo hizo Earthjustice (organización de derecho ambiental con sede en EEUU) contra el decreto de Cornejo que habilitó el fracking en Mendoza a fines de 2018.
Se sumaron así a la demanda de la Red OIKOS Ambiental, que pidió la inconstitucionalidad del decreto que habilitó la Fractura Hidráulica en Mendoza.
La demanda de OIKOS está en la Suprema Corte, y argumenta que las normas de fracking violan las disposiciones constitucionales nacionales y provinciales de protección ambiental, así como la ley ambiental federal, porque no controlan adecuadamente el fracking ni protegen el derecho a un medio ambiente sano.
Hicieron lo propio las presentaciones de Amigos del Tribunal “Amicus Curiae” de organizaciones ambientales provinciales, nacionales e internacionales como Xumek y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales).
Cornejo y el fracking por decreto
Alfredo Cornejo habilitó vía decreto en 2018 el fracking en Mendoza en el ámbito de un supuesto procedimiento experimental y violando la legislación local , sin audiencia pública debidamente difundida (fue un 28 de diciembre en Malargüe), ni declaración de impacto ambiental, como hubiera requerido este tipo de explotación.
La autorización del avance del fracking en Mendoza también "violó la Constitución Nacional, los Tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente los referentes a las Comunidades indígenas sin garantizar el consentimiento y la consulta libre, previa e informada", según denunció la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que en su momento hizo una denuncia penal contra Cornejo, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance y la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany.
Cornejo defendió el decreto que habilitó el fracking sin declaración de impacto y contra las leyes
Malalweche denuncia falta de escucha
En el caso concreto de las comunidades mapuche en el sur de Mendoza, hay procesos administrativos demorados y reclamos de diversas características. "El caso de Lof Limay Kurref que fue afectado con la realización de dos pozos en los que se aplica la técnica de fracking para extraer petróleo no convencional a quien se le negó infundadamente el derecho a la consulta y el consentimiento, o los casos del lof Malal Pincheira y Lof El Morro, que habiendo mostrado Voluntad de desarrollar el proceso de consulta con actas firmadas, unilateralmente la Dirección de Protección Ambiental del gobierno provincial no cumplió con los procedimientos, situación que confirma la falta de controles y capacidad para hacer operativo los compromisos de protección del ambiente y los derechos reconocidos sobre pueblos originarios", señalaron miembros de esa comunidad.
Agregaron que “la Seguridad Jurídica debe ser entendida en condiciones de igualdad en el acceso a la Justicia, esta balanza siempre se corre hacia el lado de las Empresas y Corporaciones Trasnacionales, los gobiernos deben garantizar estas condiciones de protección de Derechos” Asegura Gabriel Jofré Werken de la Organización Malalweche".
“Si las demoras del Poder Judicial implican una violación constante y permanente en los Territorios comunitarias, esta Justicia deja muchas dudas sobre su imparcialidad o sistema de aplicación”, cerraron.
Earthjustice, por su parte, presentó un amicus curiae impugnando el decreton de Cornejo que permite la perforación no convencional de petróleo y gas, también conocida como "fracking".
"Si la demanda tiene éxito, detendrá el fracking en la provincia hasta que el gobierno realice una evaluación completa de los impactos ambientales. Las regulaciones de fracking de Mendoza se aceleraron con una escasa o nula evaluación previa sobre cómo la práctica podría contaminar las preciosas fuentes de agua de Mendoza, causar actividad sísmica o esparcir material radiactivo, entre otros impactos", remarcó la organización.
