Se acumulan las demandas

Mapuches de Malargüe y abogados ambientales de EE.UU. acudieron a la Corte contra el decreto que habilitó el fracking

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La fractura de roca para obtener hidrocarburos genera gran resistencia en la sociedad mendocina.

La comunidad mapuche Malalweche y Earthjustice (organización de derecho ambiental con sede en EEUU) presentaron senos recursos contra el decreto de Cornejo que habilitó el fracking en Mendoza a fines de 2018.

Se sumaron así a la demanda de la Red OIKOS Ambiental, que pidió la inconstitucionalidad del decreto que habilitó la Fractura Hidráulica en Mendoza.

La demanda de OIKOS está en la Suprema Corte, y argumenta que las normas de fracking violan las disposiciones constitucionales nacionales y provinciales de protección ambiental, así como la ley ambiental federal, porque no controlan adecuadamente el fracking ni protegen el derecho a un medio ambiente sano.

Hicieron lo propio las presentaciones de Amigos del Tribunal “Amicus Curiae” de organizaciones ambientales provinciales, nacionales e internacionales como Xumek y FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales).

Kumek acudió en octubre a la justicia para que frenara el fracking en un área de Malargüe a cargo de una de las petroleras de Vila-Manzano. Entre sus alegatos, además de la ausencia de estudios de impacto. figura el no haber escuchado a los pueblos mapuche de la zona.

Malalweche denuncia falta de escucha

En el caso concreto de las comunidades mapuche en el sur de Mendoza, hay procesos administrativos demorados y reclamos de diversas características. “El caso de Lof Limay Kurref que fue afectado con la realización de dos pozos en los que se aplica la técnica de fracking para extraer petróleo no convencional a quien se le negó infundadamente el derecho a la consulta y el consentimiento, o los casos del lof Malal Pincheira y Lof El Morro, que habiendo mostrado Voluntad de desarrollar el proceso de consulta con actas firmadas, unilateralmente la Dirección de Protección Ambiental del gobierno provincial no cumplió con los procedimientos, situación que confirma la falta de controles y capacidad para hacer operativo los compromisos de protección del ambiente y los derechos reconocidos sobre pueblos originarios”, señalaron miembros de esa comunidad.

Agregaron que “la Seguridad Jurídica debe ser entendida en condiciones de igualdad en el acceso a la Justicia, esta balanza siempre se corre hacia el lado de las Empresas y Corporaciones Trasnacionales, los gobiernos deben garantizar estas condiciones de protección de Derechos” Asegura Gabriel Jofré Werken de la Organización Malalweche”.

“Si las demoras del Poder Judicial implican una violación constante y permanente en los Territorios comunitarias, esta Justicia deja muchas dudas sobre su imparcialidad o sistema de aplicación”, cerraron.

Earthjustice, por su parte, presentó un  amicus curiae impugnando el decreton de Cornejo que permite la perforación no convencional de petróleo y gas, también conocida como “fracking”.

“Si la demanda tiene éxito, detendrá el fracking en la provincia hasta que el gobierno realice una evaluación completa de los impactos ambientales. Las regulaciones de fracking de Mendoza se aceleraron con una escasa o nula evaluación previa sobre cómo la práctica podría contaminar las preciosas fuentes de agua de Mendoza, causar actividad sísmica o esparcir material radiactivo, entre otros impactos”, remarcó la organización.

“Proporcionamos a la Corte Suprema de Mendoza numerosos ejemplos de estudios científicos y gubernamentales sobre la experiencia del fracking en los Estados Unidos y el potencial de esa práctica para causar daños graves e irreversibles. El principio precautorio, una doctrina legal en el derecho argentino e internacional, enfatiza la cautela y la revisión antes de emprender nuevas prácticas que puedan causar daños, como el fracking. Argumentamos que el principio precautorio requiere que el gobierno tome fuertes precauciones antes de autorizar nuevos proyectos de fracking en la provincia”, señala Earthjustice.

Jacob Kopas, abogado del programa Earthjustice International, postuló: “Antes de llevar a cabo la práctica de fracking, el gobierno de Mendoza debe analizar detenidamente la ciencia y la evidencia sobre sus impactos. No debe ignorar los errores cometidos en otros países donde la evidencia creciente muestra cómo los desechos del fracking pueden ensuciar el aire, además de contaminar ríos y acuíferos subterráneos”,.

“El fracking puede incluso exponer a los trabajadores y comunidades aledañas a niveles peligrosos de partículas radiactivas. Mendoza puede impulsar su economía y crear nuevos empleos invirtiendo en alternativas de energía limpia como la solar o la eólica”, agregó.

Esta es la presentación de Earthjustice:

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