En una audiencia pública marcada por tensiones y expectativas cruzadas, el CEO de San Jorge, Fabián Gregorio, defendió con firmeza el proyecto minero que busca extraer oro y cobre en Uspallata. “Los químicos que usaremos son los que permite la ley”, aseguró. El empresario no dudó en desestimar las críticas de la Universidad Nacional de Cuyo al uso de insumos tóxicos para posibilitar la generación de rentabilidad máxima con el proyecto.
La audiencia oficial por el proyecto minero San Jorge se puso en marcha este sábado 2 de agosto en Uspallata, en medio de una creciente polarización entre sectores que rechazan la iniciativa por sus posibles impactos ambientales y quienes la ven como una oportunidad para el desarrollo de negocios.
El dueño de la minera se amparó en la 7722
En ese contexto, el CEO de la dueña del negocio en debate se mostró categórico frente a las objeciones técnicas planteadas por especialistas de la UNCuyo: “Los químicos que vamos a utilizar están dentro de lo que permite la Ley 7722. No hay nada ilegal ni improvisado”, les endilgó a los profesionales de la universidad.
La Ley 7722, sancionada en 2007, regula el uso de sustancias tóxicas en la minería en Mendoza y ha sido eje de múltiples disputas entre empresas, ambientalistas y gobiernos. En esta ocasión, Gregorio se amparó en la normativa para justificar el uso de insumos como ácido sulfúrico y xantatos, señalados por académicos como potencialmente peligrosos para los ecosistemas de alta montaña.
Además de responder a las críticas técnicas, el CEO de San Jorge minimizó la conflictividad social que rodea al proyecto. “Venimos trabajando con la comunidad desde hace muchos años. Esta es la audiencia oficial, la que corresponde”, dijo en referencia a la convocatoria institucional, desestimando la masividad de la audiencia popular que se realizó en paralelo en la iglesia del distrito, donde cientos de vecinos se manifestaron en contra del emprendimiento.
El abandono, argumento prominero
Sin embargo, dentro de la audiencia oficial también se escucharon voces locales que respaldaron la iniciativa. Varios uspallatinos tomaron la palabra para describir la situación de abandono que atraviesa el distrito: falta de cloacas, escasa infraestructura, migración de jóvenes hacia otras ciudades en busca de empleo.
Gregorio recogió ese guante y reforzó el argumento del impacto positivo que podría tener el proyecto en la economía local. “No venimos a imponer nada. Queremos generar trabajo genuino, con respeto por las leyes y por la gente”, afirmó.
A pesar de las promesas, el proyecto San Jorge sigue siendo objeto de controversia. Organizaciones ambientalistas y académicos advierten sobre los riesgos de contaminación de acuíferos y la afectación de glaciares cercanos. También cuestionan la falta de estudios actualizados sobre el impacto acumulativo de la actividad minera en zonas de alta sensibilidad ecológica.
La audiencia pública es un paso clave en el proceso de evaluación ambiental del proyecto, pero no es vinculante. El gobierno provincial deberá decidir si otorga o no la Declaración de Impacto Ambiental, en un contexto político donde el tema divide aguas. Mientras tanto, Uspallata se convierte en el epicentro de un debate que trasciende lo técnico y pone en juego modelos de desarrollo, prioridades sociales y la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades.
