Por Luis Fernando Novoa Garzón
Traducción de Correspondencia de Prensa
Después de vidas enteras dedicadas enteramente a otros, quedan fragmentos, rastros y restos humanos del indigenista Bruno Vieira y del periodista Don Philips. Restos es lo que nos tornamos los que seguimos en el mismo intento. Sí, nos emboscaron, dispararon, quemaron y descuartizaron. Ahora, sólo reuniendo nuestros fragmentos y los fragmentos de esta historia de terror normalizada podremos volver a estar completos.
Entregar e identificar los cuerpos tras la confesión y localización de los restos por parte de uno de los verdugos, ¿es lo que se presenta como el resultado exitoso de la «Operación Javari»? La Policía Federal (PF), repetidamente decapitada para subordinarse a las arbitrariedades palaciegas, sacó a la luz lo que quedaba de los cuerpos como si su misión estuviera cumplida.
Desaparecido, no encontrado. La prisa por cerrar el caso es esclarecedora. Los asesinos actuaron solos, sin mandantes ni una organización criminal implicada, afirman descaradamente los investigadores. Sin embargo, se sabe que hasta ocho personas pudieron alternar la emboscada, la ejecución, la desfiguración y el ocultamiento de los cuerpos, lo que presupone una premeditación y una división de tareas conjunta. Tal condición es más que suficiente para caracterizar a una organización criminal: la animadversión asociativa de un grupo movido por fines delictivos privados y/o de terceros.
En los días en que Bruno y Dom permanecieron desaparecidos u ocultos, el cerebro de la escalada de invasiones, intrusiones y asesinatos en los Territorios Indígenas, tendiendo un puente para el avance de la minería y el agronegocio, esperaba la desaparición. «Hay decenas de miles de personas que desaparecen todos los días», así que ¿por qué preocuparse sólo por «estos dos?», redarguyó el presidente, destilando su habitual cinismo. Sería más sencillo para su base de apoyo en la Amazonia si el caso se convirtiera en una fatalidad anónima.
En cuanto se dio cuenta de que la tesis no se sostendría, el presidente comenzó a culpar a las víctimas de la «aventura» en una «zona extensa y peligrosa». No es el entorno físico el que determina un mayor o menor nivel de riesgo, sino las dinámicas socioterritoriales que se están autorizando y legitimando. El Amazonas no parece en absoluto peligroso para los mineros de oro, los grileiros (usurpadores de tierras con documentos falsificados: ndt) , los pistoleros y las empresas de productos básicos que les siguen la pista. Es peligroso, sí, para quienes lo defienden. Con cada declaración presidencial y cada Proyecto de Ley, Medida Provisional, Orden Ejecutiva e Instrucción Normativa enviada por el Ejecutivo, se crean expectativas de un mayor saqueo de la Amazonía, dejando a sus pueblos y comunidades tradicionales marcados para la muerte, en cuerpo y alma.
El garante de los torturadores dijo estar convencido de que si Bruno y Dom hubieran hecho arreglos previos con la FUNAI (Fundación Nacional del Indio), nada de esto habría ocurrido. Marcelo Xavier, el testaferro (¿o orfebre?) colocado a la cabeza del cuerpo, falsea a coro: «Es importante que la gente entienda que cuando se va a entrar en un área como ésta, hay todo un procedimiento». ¿Significa esto que si la «Nueva FUNAI», convertida en algo parecido a una Oficina de Crimen Ambiental Organizado, fuera advertida, tendría las manos asesinas de sus compañeros?
La FUNAI, cuando era algo parecido a una agencia pública, destinada a crear una interfaz dialógica y una construcción conjunta de políticas públicas territoriales con los pueblos indígenas, con todos sus límites y contradicciones, trató de proteger o al menos no facilitó las intrusiones, ni se alineó con las presiones de todo tipo sobre sus territorios.
Al final de la línea, se espectacularizan las confesiones de los pescadores mientras se oscurece a quienes controlan el carrete, es decir, la planificación de la ejecución selectiva en un día, hora y lugar determinados. Una vez alcanzada la embarcación de Bruno y Dom en el río Itaquaí, afluente del Javari, nadie oyó el intercambio de disparos. La caza de la mañana, ¿quién sabe quién lo hace? El entrelazamiento de actividades ilícitas alrededor y dentro de las tierras indígenas es de alto interés para las actividades lícitas basadas en la extracción de recursos naturales. Al igual que la desinversión y el desguace de las empresas públicas allana el camino para su privatización, las presiones descaracterizadoras del tráfico y la minería abren flancos para nuevas apropiaciones y saqueos.
Mientras los desnudos, los sin tierra, confiesan sus crímenes, es el Rey quien permanece desnudo. ¿El que vea y cuente lo que ve, vivirá?
¿A quién indulta la Policía Federal cuando dice en una nota oficial que los «verdugos actuaron solos» e incluso «sin mandantes y sin organizaciones criminales»?
Es necesario vendar los ojos y borrar las denuncias, pruebas e indicios que van en sentido contrario a estas declaraciones, como las realizadas por la Unión de los Pueblos del Valle del Javari (Univaja) y la Asociación de Kanamarios del Valle del Javari (Akavaja) sobre invasiones, minería, tala de árboles y pesca ilegal.
En particular, borrar los juramentos de venganza de la red criminal de garimpo (operadores de la minería ilegal: ndt) instalada en la región, parcialmente desmantelada en septiembre de 2019 por la Operación Korubo, la última gran operación conjunta entre PF, IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) y FUNAI antes de las intervenciones y desmantelamiento de estos organismos. 60 de las 122 balsas mineras fueron incautadas y destruidas entre los ríos Javari, Jutaí y Curuena, como se puede comprobar en las zonas marcadas en el mapa utilizado en la planificación de la Operación.
Borra también el antes y el después de esta Operación. La advertencia sobre la gravedad de la propagación de la minería ilegal en el Valle del Javari fue hecha en abril de 2019 por el propio Bruno Araújo Pereira, cuando estaba en la Coordinación General de Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente (CGIIRC). El objetivo era destruir las balsas y las dragas para presionar en sentido contrario al desmantelamiento de las políticas de reconocimiento de las tierras indígenas y de protección de los pueblos aislados, imponiendo la máxima restricción de acceso.
La regulación y la acción en defensa de los pueblos aislados es la última línea de resistencia de los derechos territoriales en Brasil, ya deshilachados cuando la concesión de licencias de los grandes proyectos del PAC en la región entre 2006 y 2014. Pero fue a partir del golpe de Estado de 2016 y del ascenso de las fuerzas ultraliberales y milicianas en 2018 cuando el desmantelamiento se profundizó, tanto en el terreno discursivo como en las prácticas materiales. Tras el estallido de la Operación Korubo, último escollo de una política indígena no integrista, los ánimos se caldearon entre los lobbies mineros y agrícolas y el sertanista fue rápidamente destituido.
Borrar las pruebas aportadas por la «Operación Ágata conjunta» en la Triple Frontera, en marzo de este año, después de un barrido del río Japurá, cuando se pudo demostrar cómo la minería y el narcotráfico se han fusionado en la práctica, ya sea en la circulación o en el lavado de oro y dinero.
Para borrar, finalmente, la última denuncia pública del sertanista asesinado, a menos de 30 días de su muerte. Señaló el retroceso en la lucha contra las actividades ilícitas en la región y que la minería ilegal había vuelto al nivel anterior a la Operación Korubo: «los mineros están ahí y la información que tenemos de otros kanamari es que el río Curuena está lleno de balsas de mineros.
No faltaron razones para la ejecución de dos aliados de los indígenas que estaban acorralados y rodeados por acaparadores de tierras, madereros y mineros.
Los receptores de oro sucio, los dueños de las DTVM (Distribuidoras de Títulos y Valores Mobiliarios) que están muy bien conectados con las esferas institucionales en los tres niveles de la Federación, al mismo tiempo que limpian el terreno de la operación, también llevan propuestas de minería obligatoria en tierras indígenas al Congreso y a la Agencia Nacional de Minería.
Hay preguntas cuyas respuestas cuestan cabezas. Ay de quien responda que esté interesado en ocultar otras autorías y coautorías, en ocultar los vínculos de esta organización criminal con otras organizaciones y sus respectivas actividades ilícitas. Ay de quien demuestre las conexiones entre estas organizaciones, las oligarquías políticas locales y estatales y los operadores clave de Brasilia.
Por eso hay quienes declaran que no hay directores y hay quienes obedecen. El desacuerdo, la ira repentina, es la razón segura por la que no aparece la verdadera motivación. De la pesca al oro: la pesca y la caza de contrabando, así como el tráfico de cocaína y la extracción ilegal de oro son muy rentables. La cadena de mando de estas actividades paga en el sentido de «vale lo que cuesta». No es poca cosa, en términos de intimidación y silenciamiento de la denuncia del secuestro de territorios, hacer desaparecer a un sertanista orgánicamente reconocido por el pueblo y a un periodista de reputación internacional.
Una corrupción de la teoría de la industria naciente, aquella que necesita de la protección aduanera para crecer, sería la teoría de los enclaves nacientes que necesitan de regímenes neoliberales autoritarios para desmantelar las normas sociales y ambientales, produciendo así subsidios regulatorios a la inversa. Así se han ampliado los corredores de extracción y circulación de materias primas -lícitas e ilícitas- en la Amazonia, con conexiones globales comunes.
El problema, por tanto, no es la ausencia del Estado, sino una presencia claramente decidida, encaminada a disolver los acuerdos y pactos sociales anteriores. La agenda anti-ambiental y anti-indígena, además de los acuerdos financieros y patrimoniales proporcionados por Guedes (Paulo Guedes, ministro de economía: ndt), es la piedra angular del apoyo al actual gobierno y lo seguirá siendo para el próximo. Los fascismos territoriales que sostienen la bancada de los commodities (más grande que la de los rurales) en el Congreso Nacional y esa antena en el sillón presidencial están demarcando sus posiciones con sangre en el frente amazónico.
El ataque directo y en profundidad al Valle del Javari, con cerca de 5.000 indígenas de las etnias Marubo, Mayoruna, Matis, Kanamary, Kulina, Korubo y Tyohom-Dyapah, así como varios grupos aislados, es una prueba decisiva para el destino de la región en su conjunto. Bruno y Dom no murieron defendiendo sólo los bosques y los ríos, sino a los pueblos co-creados con ellos. Y son los pueblos aislados y recién contactados los que mejor comprenden esta concomitancia entre seres, tiempos y lugares. Está en juego la posibilidad de convivir y aprender de estas formas de vida no instrumentales, la posibilidad de poder reconocernos algún día como una nación multi y pluriétnica, está en juego.
