Este sábado, cientos de manifestantes recorrieron las calles de Mendoza exigiendo la liberación de quienes han sido encarcelados por cultivar cannabis y la despenalización del consumo con fines medicinales.
La movilización, que partió desde la Peatonal y San Martín hasta la Legislatura, estuvo marcada por un fuerte operativo policial que encapsuló a los participantes durante todo el trayecto.
La marcha es parte de una movida mundial en las principales ciudades del mundo.
Un reclamo que no cesa
A pesar de los avances legales en Argentina en relación con el cannabis medicinal, Mendoza sigue siendo un bastión de políticas punitivas que afectan tanto a cultivadores individuales como a quienes han gestionado sus permisos ante el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).
"Nunca se frenaron los allanamientos. Tenemos muchas consultas por persecuciones, incluso encarcelamientos. Siguen sucediendo aunque estés inscripto en el Reprocann. Ellos entran a tu casa, hacen el allanamiento, proceden y después averiguan", señaló un referente de la Agrupación Cannabicultora de Mendoza al portal EXPLÍCITO.
Los testimonios de cultivadores y consumidores medicinales reflejan un patrón sistemático de hostigamiento, que no solo vulnera el derecho al acceso a terapias alternativas, sino que también deja en evidencia la brecha entre las leyes nacionales y su aplicación en las provincias.
Cannabis medicinal: legalidad en disputa
Desde la sanción de la Ley 27.350 en 2017, el cannabis medicinal ha sido reconocido como una alternativa terapéutica, permitiendo la inscripción de usuarios y cultivadores en el Reprocann. Sin embargo, en Mendoza persisten trabas burocráticas y políticas que obstaculizan su implementación efectiva.
Según datos de la Asociación de Cannabicultores, en la provincia se han registrado más de 200 allanamientos a cultivadores en el último año, en su mayoría relacionados con el cultivo personal o el abastecimiento a pacientes que requieren el tratamiento.
A nivel nacional, el acceso al cannabis medicinal ha avanzado con la regulación del cultivo en domicilios particulares y la producción a gran escala por laboratorios autorizados. Sin embargo, los pequeños cultivadores continúan siendo blanco de persecución, muchas veces impulsada por sectores conservadores y respaldada por una narrativa mediática que los vincula con el narcotráfico.
La influencia de los medios y el discurso punitivo
Un elemento clave en esta política de criminalización es la forma en que los medios masivos presentan el tema del cannabis. Numerosos informes replican los comunicados oficiales de las fuerzas de seguridad, donde se estigmatiza a los cultivadores como narcotraficantes peligrosos.
"La persecución se completa con un mecanismo aceitado que incluye propaganda contra los pequeños cultivadores, donde los medios masivos son un engranaje clave", denuncian desde la Agrupación Cannabicultora de Mendoza.
Este enfoque ignora la diferencia entre el cultivo medicinal y el tráfico de sustancias ilegales, lo que refuerza el temor social y limita el debate sobre los beneficios del cannabis en salud.
Perspectivas y desafíos para una regulación integral
El caso de Mendoza pone en relieve la necesidad de una armonización legislativa que garantice la implementación efectiva de la normativa sobre cannabis medicinal en todas las provincias. La falta de capacitación en las fuerzas de seguridad y la resistencia política han generado una brecha entre la legalidad nacional y su aplicación local.
A pesar de estos obstáculos, el movimiento cannábico sigue ganando terreno en la agenda pública, con movilizaciones, espacios de debate y la producción científica que avala sus propiedades terapéuticas. La marcha de la marihuana en Mendoza es un reflejo de esta lucha constante, que busca no solo el reconocimiento de los derechos de los usuarios, sino también el cambio de una cultura prohibicionista que ha demostrado ser ineficaz.
