Más de tres años después de la pueblada que mantuvo en pie a la Ley 7722, los defensores de la llamada "ley guardiana del agua" aún transitan los tribunales intentando defenderse de la embestida que inició Rodolfo Suarez contra los ambientalistas valiéndose de fiscales y jueces que le responden.
Un caso emblemático es el de Nora Moyano, de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, que ha sido citada para este 9 de febrero a una nueva audiencia en la que se decidirá si la acusación que le formularon por "privación ilegítima de la libertad" contra los legisladores que votaron la ley del cianuro sube otro peldaño.
"Este jueves la jueza debe decidir si resolver cerrar la causa, elevarla a juicio o elevarla al fiscal general para que opine si se eleva a juicio o la cierra. Las compañeras y compañeros se van a manifestar en las escalinatas del Poder Judicial mientras yo participo de la audiencia", anticipó Moyano a EXPLÍCITO.
Para acompañar a Nora, este sábado habrá también panfleteada de las Asambleas en la Peatonal, el miércoles desde las 9 frente a la Legislatura participarán de una radio abierta con Radio Cuyum. Todas estas acciones fueron votadas en una asamblea que se hizo en la plaza Independencia el 31 de enero, y de la cual participaron asambleístas pero también estudiantes, sindicalistas y referentes de partidos políticos.
De qué la acusan
En noviembre de 2022, el fiscal Juan Ticheli reafirmó la acusación en contra de Moyano y negó el sobreseimiento en la causa en la que se la acusa por “privación ilegal de la libertad” de los miembros de la Cámara de diputados el día en que se trataba ley del cianuro impulsada por Rodolfo Suarez.
Ticheli -quien también firmó otras causas contra ambientalistas en esos agitados días de diciembre- fue pieza central para que la jueza Patricia Alonso rechazara, en 2021, el pedido de la defensa de Moyano para que se declarara nula la causa, con lo cual ordenó que siga imputada y se la siga investigando.
Moyano fue una entre miles de mendocinos que el 17 de diciembre de 2019 participó en Mendoza de una de las protestas históricas en defensa del agua.
Tras un día de tensión en la Legislatura por el intento de derribar la Lay 7722, los legisladores tuvieron que salir escoltados por Infantería. En la calle, sobre Patricias Mendocinas, vecinos y ambientalistas protestaban por la avanzada del lobby minero, en una de las jornadas que luego fue tapa de diarios en todo el mundo como parte de la llamada "pueblada del agua".
Por esa manifestación, una troupe de fiscales que responden al oficialismo iniciaron causas contra asambleístas y vecinos, en un intento de desalentar las protestas. Al mismo tiempo, el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, y el recién asumido como gobernador, Rodolfo Suarez, blandieron el Código de Convivencia para multar y perseguir manifestantes.
