En un 2024 marcado por el desguace y el desmantelamiento de las políticas de Derechos Humanos y sitios para la memoria, Mendoza culmina con el decimotercer juicio por crímenes de lesa humanidad en curso, la anulación de la sentencia a los apropiadores de la Nieta 127 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo y la negación de Italia de extraditar al excapellán del Ejército Franco Reverberi Boschi para ser juzgado en Argentina.
La Provincia, además, tuvo su aporte de créditos locales en el intento libertario de legitimar los crímenes de la dictadura, con Luis Petri y Lourdes Arrieta a a cabeza.
En ese contexto, Petri jugó y juega un rol activo en la intentona libertaria que busca desarticular los juicios de lesa: desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis que estudiaban documentos elaborados por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura; ejecutó despidos de integrantes de esos grupos y aceleró el vaciamiento y entrega a las instituciones castrenses de materiales de importancia histórica.
El abrumador y creciente negacionismo y apologismo del terrorismo de Estado nutrieron la marcha del 24 de Marzo, multitudinaria en Mendoza, donde fue presentada la agrupación "Nietes" de quienes tomarán la posta para mantener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Explota Casa de Gobierno pidiendo #Nunca Más. Es una movilización histórica pic.twitter.com/7znOahFH0J
— ✂ Síganme los malos (@GabiValdes) March 24, 2024
Causas de lesa humanidad en Mendoza
Desde 2006 y al 2 de diciembre de 2024 se registran 668 causas por crímenes de lesa humanidad en trámite en todo el país, en las que son actualmente, o fueron hasta su fallecimiento, investigadas 3.775 personas, según el reporte anual de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad.
En Mendoza en ese lapso se realizaron 12 juicios y el 13 está en curso. Hubo 90 condenados, de los cuales 39 recibieron la pena de prisión perpetua, además de múltiples condenas. Alcides París Francisco y Armando Osvaldo Fernández, ex Policía de Mendoza, acumulan tres perpetuas. Es más, este último suma dos sentencias más: una a 20 años y otra a 10, por la apropiación de una menor.
El resto ha sido objeto de penas de entre 3 y 22 años de prisión y hubo 5 absueltos. La mayoría hoy cumple prisión domiciliaria por razones de salud o de edad. Algunos ya fallecieron.
Durante el 2024, y hasta el cierre de este informe, se iniciaron 15 juicios orales, de los cuales
7 continúan con el debate en curso, y 8 ya obtuvieron sentencia -2 de los cuales fueron por juicio
abreviado en los términos del art. 431 bis CPPN-.
Panorama en el país
Las causas con elevación a juicio –que aún no iniciaron– suman 65, una cifra que representa el 10% del total. De ellas, 2 (3%) tienen fijada una fecha de inicio del debate para finales del 2024– mostrando un descenso respecto a lo registrado al cierre de datos del 2023 (5%)- y 62 aún esperan fijación de juicio.
Desde el 2006 a la fecha, los Tribunales dictaron 332 sentencias en todo el país. Un 57% de ellas (188) posee aún alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas sentenciadas (ante la Cámara Federal de Casación Penal –CFCP– o la Corte Suprema de Justicia –CSJN–). Esta cuestión se verá con mayor detalle en la sección 2 de este informe.
Juicios de lesa humanidad 2024 by Explícito Online
Prófugo y refugiado por el Vaticano
Franco Reverberi Boschi se fugó cuando los testigos del primero de los juicios de lesa humanidad en Mendoza, que comenzó en 2010 en San Rafael, lo señalaron como cómplice de sesiones de tortura, ataviado con su sotana y un arma en la cintura. Buscaba convencer a los presos políticos de que dieran datos o delataran a sus compañeros.
Informe Explícito: Franco Reverberi Boschi, con la sotana en los calabozos de tortura
Desde entonces está en Italia y hasta da misa. La APDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -en anteriores gestiones- pelearon fuerte en causas judiciales en Italia para que sea extraditado.
Aunque el Tribunal de Apelaciones de Bolonia había rechazado el recurso contra la extradición presentado por el sacerdote, finalmente en enero de este año, el ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, negó la extradición argumentando cuestiones de salud.
