La tensión que se respira en las calles de Minneapólis, en el Medio Oeste norteamericano ha alcanzado un punto de ruptura crítico este fin de semana. Este sábado, un agente federal de migración de Estados Unidos disparó y mató a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, marcando la segunda muerte de un civil a manos de fuerzas federales en lo que va de enero.
Lo que comenzó como una operación administrativa de control ha derivado en un escenario de violencia urbana y desconfianza institucional. El despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) conlleva un peligro real para los habitantes de Minnesota.
Según los reportes preliminares, el asesinato tuvo lugar en el marco de las operaciones intensificadas en la ciudad, aunque las circunstancias exactas que llevaron al agente a abrir fuego contra Pretti aún son materia de investigación. La noticia del fallecimiento del trabajador de la salud corrió como la pólvora, movilizando casi de inmediato a cientos de ciudadanos que, desafiando el frío y el miedo, volvieron a tomar las calles para exigir respuestas y el cese de la militarización de su ciudad.
La violencia desatada en las calles ha derivado rápidamente en un conflicto de competencias y un feroz intercambio de declaraciones entre los líderes locales y la administración federal. La respuesta política no se hizo esperar, evidenciando la profunda fractura entre el estado de Minesota y Washington.
El gobernador contra Trump
El gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales, informando que ha comunicado formalmente a la Casa Blanca una exigencia innegociable: el estado «debe liderar la investigación» para esclarecer los hechos que rodearon el tiroteo.
En una línea aún más dura se mostró el alcalde de Mineapolis, Jacob Frey. Durante una tensa conferencia de prensa, el funcionario demócrata sentenció que las operaciones del ICE «no están garantizando la seguridad en nuestra ciudad». Frey fue contundente al calificar el despliegue federal como una «invasión» protagonizada por agentes enmascarados que operan bajo un manto de impunidad. En un llamamiento directo al presidente, instó a Donald Trump a «poner a Mineápolis, a Estados Unidos, en primer lugar», exigiendo que «actúe de inmediato y retire a estos agentes federales» del territorio urbano.
La contraofensiva de Washington
Lejos de buscar apaciguar los ánimos, la respuesta del presidente Donald Trump llegó cargada de recriminaciones. Utilizando sus redes sociales como plataforma, el mandatario difundió una fotografía de un arma de fuego —imagen proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional— como prueba implícita de la amenaza que enfrentaban sus agentes.
Trump cuestionó abiertamente la ausencia de las fuerzas de seguridad locales durante el incidente, preguntándose «por qué no se les permitió proteger a los agentes del ICE«. En su mensaje, deslizó la sospecha de una orden política deliberada: «¿El alcalde y el gobernador les ordenaron que se retiraran? Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que el ICE tuvo que protegerse a sí mismo, ¡lo cual no es fácil!», escribió el presidente.
Elevando el tono de la disputa, y sin presentar pruebas que respaldaran sus afirmaciones, Trump acusó a los funcionarios locales de orquestar un «encubrimiento» para ocultar supuestos robos y fraudes en la administración estatal. El mensaje presidencial concluyó con una condena tajante hacia Walz y Frey, señalando que «el alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante». Finalmente, cerró su intervención con una defensa férrea de las fuerzas federales: «¡DEJEN QUE NUESTROS PATRIOTAS DEL ICE HAGAN SU TRABAJO!».
La represión asesina
Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y tácticas de dispersión agresivas para contener a los manifestantes, quienes protestaban específicamente contra el modus operandi de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Las imágenes de nubes de humo químico y enfrentamientos en las avenidas principales evocan los momentos más oscuros de disturbios civiles recientes.
Para comprender la gravedad del momento actual, es necesario mirar el contexto político y social que ha transformado a Minneapolis en un barril de pólvora. La atmósfera se enrareció drásticamente desde que la administración Trump ordenara un despliegue sin precedentes el pasado 6 de enero.
Dos mil federales
Un contingente de 2.000 agentes federales fue enviado a la zona bajo la justificación oficial de combatir un presunto fraude masivo en los programas de asistencia social del estado. Sin embargo, para los residentes y líderes comunitarios, esta presencia masiva se percibe más como una ocupación que como una asistencia legal.
El objetivo declarado de las fuerzas de Trump era la detención de inmigrantes en Minneapolis que contaban con órdenes de deportación pendientes. No obstante, las organizaciones de derechos humanos han denunciado que el foco se ha puesto desproporcionadamente sobre minorías específicas, con un énfasis particular en los miembros de la comunidad somalí, una de las más grandes y vibrantes de la ciudad.
El trágico final de Alex Pretti no es un hecho aislado, sino que sigue una línea de sangre trazada apenas unas semanas atrás. El pasado 7 de enero, un día después de la llegada del grueso de las tropas federales, la ciudad lamentó la muerte a tiros de Renée Nicole Good, una ciudadana estadounidense. Su muerte encendió la mecha de las primeras protestas, estableciendo un precedente de uso de fuerza letal que ahora parece haberse repetido.
Hostilidad abierta
La acumulación de estos incidentes ha generado un clima de hostilidad abierta. La narrativa oficial sobre el fraude en la asistencia social ha quedado eclipsada por la realidad de la violencia armada en las calles. Los críticos de la operación señalan que el envío de fuerzas federales para asuntos que tradicionalmente manejan las autoridades locales ha creado una falta de rendición de cuentas y una escalada innecesaria de la fuerza.
Mientras la familia de Pretti exige justicia y la comunidad médica local llora a uno de los suyos, Minneapolis se prepara para días inciertos. La combinación de una fuerza federal fuertemente armada, una población civil agraviada y una agenda política nacional agresiva sugiere que las consecuencias de este último tiroteo irán mucho más allá de las fronteras de la ciudad, poniendo en tela de juicio los límites de la intervención federal en la vida civil estadounidense.