Se denomina, como la norma argentina, de “Servicios de Comunicación Audiovisual” y afectará a los canales de televisión, radios y otros servicios de comunicación audiovisual en Uruguay.
El Gobierno de Pepe Mujica envió al Congreso su ley de medios, con más de 180 artículos agrupados en 13 capítulos que intentan dar marco en el que de ahora en adelante se deberán mover los canales de televisión, radios y otros servicios de comunicación audiovisual en Uruguay.
El proyecto “consagra un marco normativo nuevo que tiene en cuenta la intensa y permanente transformación tecnológica del sector”, dice la exposición de motivos de la iniciativa, “particularmente en lo referente a los avances en materia de digitalización de las telecomunicaciones, superando el régimen jurídico vigente desactualizado, concretando su imprescindible modernización”.
Establece la naturaleza de los que el proyecto denomina “Servicios de Comunicación Audiovisual” o SCA, “en tanto son servicios culturales, de índole tanto económica como cultural y de carácter estratégico para el desarrollo nacional” y dispone que los mismos son de “interés público”, por lo que “es deber del Estado asegurar el acceso universal a los mismos, contribuyendo de esta forma a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento”.
El proyecto se tratará en la sesión del Consejo de Ministros que recogerá la firma de todos los integrantes del gabinete y plantea un abordaje integral del sector radioeléctrico y audiovisual a efectos de cubrir los “vacíos legales existentes, estableciendo reglas claras que permitan generar un sistema de medios audiovisuales armónico, con una competencia equilibrada y justa entre los operadores”.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la universalización de los mismos. El gobierno entiende que a través de este texto “se persigue asegurar la plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias” para ejercer la titularidad de los medios electrónicos. Al mismo tiempo se establecen “límites a la concentración”, lo que para el gobierno son “elementos consustanciales con el pluralismo y la democracia”, y acordes con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
La iniciativa hace hincapié en el cambio propuesto en la forma de otorgamiento de concesiones, pasando de la situación “precaria y revocable” actual, a un sistema de concesiones de uso y autorizaciones con plazos determinados y renovables. “Las características de las autorizaciones actuales, junto a la práctica histórica por la que se permite la transferencia hacia los sucesores en caso de fallecimiento del titular, han convertido en objeto de transacción el uso del espectro radioeléctrico autorizado, situación incompatible con su carácter de patrimonio de la humanidad sujeto a la administración de los Estados que la Organización de Naciones Unidas y el régimen jurídico nacional le han dado a este recurso público escaso.
Fuente: La República
