Por Fabián Villella
Para ANSA
El presidente uruguayo, José Mujica, dará una autorización parcial para un aumento en la producción de la pastera finlandesa UPM, ex Botnia, en una medida que busca contemplar en parte la posición del gobierno argentino de Cristina Fernández, con el que Uruguay mantuvo un largo conflicto diplomático por esa fábrica.
Mujica avalará una ampliación de la producción anual de UPM desde 1,1 millones de toneladas hasta 1,2 millones de toneladas, cuando la empresa le había pedido al gobierno producir hasta 1,3 millones de toneladas, adelantó este sábado el diario El Observador.
La habilitación será parcial y provisoria por este año, mientras que una resolución definitiva involucra la construcción de otra planta de celulosa de la empresa en el departamento (provincia) de Cerro Largo, a 387 kilómetros al noreste de Montevideo.
Mujica y el embajador argentino en Montevideo, Dante Dovena, se reunieron el jueves en un bar distante pocos metros de la sede de la Presidencia, en la Plaza Independencia, principal de la capital, donde analizaron la situación.
"No vemos con buenos ojos que (UPM) aumente la producción porque va a aumentar la polución", dijo Dovena, quien criticó que "la empresa lisa y llanamente hace lo que le viene en gana y sigue contaminando sin que le pongamos un freno".
Precisó que "la empresa tenía autorizada a producir una cantidad, que es un millón de toneladas, que es lo que el fallo de La Haya -donde se resolvió el conflicto diplomático- autorizaba", por lo que "tendrá que cumplir eso".
Mujica señaló el jueves al semanario Voces que los directivos de UPM lo "aprietan" porque la empresa puede "producir veinte y pico por ciento más en la misma fábrica, pero por los acuerdos que tenemos con la Argentina no pueden producir más". En el caso que el gobierno autorice elevar la producción, UPM detendrá su planta entre el 14 y el 25 de septiembre para realizar el mantenimiento anual, pero en caso negativo la paralización se extenderá hasta noviembre, cuando se inicia el período de producción anual.
Una paralización por dos meses, afectaría a unos 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos, que incluyen empleados de la cadena forestal, transportistas y otros proveedores.
La autorización o no para elevar la producción de UPM generó una polémica entre representantes del oficialismo y de la oposición, que reclamó al gobierno que la decisión final se tome en consulta con los líderes de todos los partidos políticos.
El senador y líder del Partido Colorado, de oposición, Pedro Bordaberry, dijo al diario El País que "lo primero debe ser que el gobierno tenga claro lo que quiere, que debe ser proteger primero a los uruguayos".
"No puede haber otra solución que no sea defender a Uruguay porque se generó una expectativa cierta" de un incremento en la producción, agregó Bordaberry.
Por su parte, el senador del Frente Amplo, coalición de izquierdas en el gobierno, Roberto Conde, sostuvo que "la que quiere cambiar las reglas de juego es la empresa". "Hay soluciones sin que el país tenga que plegarse a la ambición de la empresa y generar un conflicto inútil por cambiar las reglas", opinó Conde, ex vicecanciller.
UPM, entonces Botnia, inició sus actividades en Fray Bentos, margen oriental del Río Uruguay, en noviembre de 2007, en medio de un conflicto entre los gobiernos de Argentina y Uruguay por su instalación, que se dirimió en 2010 tras un litigio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Durante el conflicto, activistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú cortaron el puente internacional General San Martín, sobre el Río Uruguay, paso fronterizo que fue desbloqueado también en 2010 tras la resolución del diferendo.
