Ocho años después de que Francisco Pérez (PJ) intentara, en vano, hacer avanzar en la Legislatura el proyecto minero Cerro Amarillo, ubicado en Malargüe, el radical Rodolfo Suarez anunció el envío de una nueva iniciativa para explotar el yacimiento de cobre.
En la gestión de Pérez, Cerro Amarillo cayó durante el tratamiento del plenario de comisiones del Senado por falta de documentación en el expediente girado por el Ejecutivo. Según Suarez, las dudas que había en aquel entonces acerca de la afectación de glaciares, ya fueron saldadas.
Cerro Amarillo está situado en una zona montañosa entre Valle Noble y Valle Hermoso, en la alta cuenca del Río Grande, en zona de glaciares, periglaciares y nivales de alta montaña, con algunas lagunas de altura y numerosas vegas altoandinas.
“Hoy, este proyecto está fuera de la Ley de Glaciares, por esto va a la Legislatura y son los legisladores quienes deben aprobar todos los estudios para comenzar con la exploración de cobre dentro de la ley sin usar ninguna de las sustancias que la ley prohíbe”, postuló el mandatario en una conferencia de prensa.
Agregó: “Tenemos entonces una gran posibilidad de desarrollo en el Sur que, si lo sumamos a lo que sucede con Hierro Indio y Potasio Río Colorado, estamos frente a una gran oportunidad para que desde Malargüe podamos generar mucha riqueza para Mendoza”.
La minería como supuesta salida de la pobreza y el desempleo
Suarez hizo el anuncio del envío del proyecto de declaración de impacto de Cerro Amarillo en u8n congreso de pymes de la construcción. Allí postuló a la explotación minera como el maná que sacará a Mendoza de ls pobreza y el desempleo.
Sostuvo que la falta de trabajo “es una de las mayores preocupaciones que tenemos los que estamos a cargo de la función pública ante el flagelo que vive el país que nos interpela a todos, que es la pobreza, la falta de trabajo y la economía que no encuentra el rumbo”. Y remató: “Cerro Amarillo está dentro de la ley vigente para que no haya oposición, de manera tal que esto empiece a generar riqueza y empleo, para destinarlo a la infraestructura que necesitamos para el agua”.
Se trata de la misma línea argumentativa que usaron los empresarios del lobby minero durante la pandemia y cuando se comenzó a salir de la misma.
