El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, presentó finalmente el proyecto de zonificación minera para evitar las restricciones que impone la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Lo hizo casi en soledad, sólo con el respaldo de su esposa, la senadora Jesica Laferte, pese a que en privado y en eventos mineros el gobernador y otros funcionarios del oficialismo han manifestado su respaldo al jefe comunal. Es sabido que el Ejecutivo evita reactivar la discusión por la minería, conocedor de la oposición que genera ir contra la 7722, lo cual ya probó en carne propia en diciembre de 2019.
En la presentación, Ojeda cuestionó que Malargüe no pueda avanzar con la megaminería con uso de tóxicos. "Hemos entregado el petróleo, la minería, hemos entregado Portezuelo del Viento, no podemos aprovechar el río más caudaloso de Mendoza. Malargüe posterga su desarrollo. Hace más de 15 años que hay proyectos frenados", remarcó.
Aseguró que la iniciativa contempla "no usar sustancias químicas a 10 kilómetros de los ríos. Es un proyecto que piensa en la protección ambiental".
Solo, pero no tan solo
Ojeda sólo tuvo la compañía de su esposa y senadora en la presentación del proyecto. No obstante, el sector empresario lo respaldó en las últimas horas, y lo propio hizo Suarez tratando de ejercer cintura por la oposición social que existe a tocar la 7722.
En ese sentido, Raúl Guevara, presidente de la Cámara de Proveedores y Productores Mineros (CAPROMIM), cuestionó al Gobierno por no respaldar a Ojeda. "Acá hay una desidia total de unos funcionarios que están en contra de que realmente se haga minería en Malargüe porque no quieren arriesgar votos para el año que viene", señaló.
En mayo del año pasado, sin embargo, puertas adentro del Hyatt el Ejecutivo le dio respaldo a Ojeda en un foro minero donde la mayoría de los expositores fueron férreos detractores de la ley llamada "guardiana del agua" por los ambientalistas" y "antiminera" por los empresarios.
Fue en el foro de la metalmecánica, donde el lobby minero presionó, por ejemplo, para impulsar un proyecto de adoctrinamiento en favor de la minería en als escuelas. Y lo logró: a pedido de las cámaras mineras y de ASINMET, la Dirección de Escuelas lanzó en septiembre pasado una resolución que ordena capacitar a docentes y alumnos sobre "los beneficios de la actividad minera y su impacto en la economía local, regional y nacional”.
