Los gobiernos de la Provincia y la Capital de Mendoza se ocuparon rápidamente de despegar de la política y la gestión las causas del saqueo al supermercado Lealtad, ubicado en la calle Aguado 150, de Ciudad. Y la Justicia lo abordó de entrada como un "delito complejo".
Salvadas las responsabilidades institucionales por parte de los representantes de las instituciones, el caso es tratado como "robo agravado por el uso de arma, en poblado y en banda", no sólo en los tribunales, también en el Municipio y en la Casa de Gobierno de Peltier 256.
"Se trató de un hecho delictivo", manifestó el gobernador en la mañana del jueves. Pero reconoció que la "solución definitiva del problema es que tengan viviendas dignas, esa es la idea". Pérez siguió la línea de todos los actores institucionales en este caso.
"No los estigmatizo que son todos delincuentes, pero desde que están ahí comenzaron problemas de delitos en la zona. Instalamos una cámara de seguridad en calle Suipacha, hicimos mejoramiento de iluminación, pero todo lo rompieron a piedrazos", consideró el intendente Víctor Fayad sobre el asentamiento Escorihula, citado por el diario El Sol.
Ahí vive el grupo de personas que el miércoles en la tarde ingresó al salón del supermercado, cargó unos doce carritos y volvió al barrio raudamente. La mayoría eran mujeres, algunas con chicos en brazos, otras con las dos manos sueltas para poner mercadería en los carritos lo más velozmente posible, para evitar problemas mayores, mientras la puntera del grupo convencía -con arma en mano- al encargado del comercio para que tuviera unos minutos de paciencia hasta que terminara la operación.
Fayad acusó que "el 30 por ciento de esa gente que se fue, vendieron sus casa y volvieron al mismo lugar, incluido el presidente de la Unión Vecinal Escorihuela". Omar Gonzáles no se defendió, prefirió atacar al grupo de vecinos del barrio que actuó el en súper Lealtad. Va a haber que sacarlos, al igual que hemos actuado en oportunidades anteriores", aseguró Gonzáles a El Sol.
El ministro de Desarrollo Social negó que el asentamiento Escorihuela esté desatendido por el Estado, como insinuaron algunos vecinos a los medios después de repudiar a los saqueadores.
"Está debidamente atendido", le dijo al diario Los Andes, al tiempo que anunció una investigación conjunta con el Ministerio de Seguridad, que incluirá “cruzar datos para saber si hubo planificación y por qué”.
El jueves en la mañana, desde el Gobierno tomó la palabra Emilio Caram, subsecretario de Seguridad. "Fue un hecho delictual, que ya estaba organizado", consideró el viceministro en una entrevista con LV10.
En la Justicia la causa fue tomada por la Fiscalía de Capital, pero en cuestión de horas fue girada a Delitos Complejos, donde la tomó el fiscal especial Daniel Carniello. Caram deslizó que han tomado declaraciones a testigos y que hay personas identificadas entre los partícipes del asalto al súper de la Sexta.
Días antes de fin de año, fue noticia en todo el país un saqueo ocurrido en Bariloche. Más tarde, el intendente Omar Goye, del PJ, fue acusado de pagar esos saqueos con la intención de desestabilizar el modelo kirchnerista y suspendido en sus funciones.
Este es el antecedente mediático más fuerte que enmarcó el saqueo al mercado Lealtad, que es de una familia china, en la Sexta Sección. Pérez y Fayad cerraron filas en el despegue del hecho de la política, todo lo contrario a lo sucecido en Bariloche, donde el intendente fue víctima de una ataque letal por parte del gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, en yunta con el jefe de la bancada de senadores del FPV en el Congreso, Miguel Pichetto.
