La Asociación Civil OIKOS Red Ambiental interpuso una acción de amparo ante la Justicia mendocina solicitando la suspensión inmediata de la audiencia pública convocada para el próximo 2 de agosto en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero “PSJ Cobre Mendocino”. El reclamo apunta a las condiciones geográficas, climáticas y logísticas que, según la organización, tornan inviable la participación ciudadana efectiva en ese espacio.
La audiencia fue convocada por el Gobierno de Mendoza en inmediaciones del yacimiento minero, ubicado en la zona de alta montaña del distrito Uspallata, a más de 2.400 metros de altitud.
Según OIKOS, esta ubicación presenta múltiples barreras de acceso, incluyendo caminos de ripio, condiciones climáticas invernales extremas y falta de infraestructura básica. A pesar de que ya hay más de 800 personas inscriptas como oradores, la organización advierte que estas condiciones podrían desincentivar la asistencia y excluir a gran parte de la población, especialmente a comunidades vulnerables.
Audiencia judicializada
Altura, frío y ripio
El documento judicial presentado señala que los caminos hacia el sitio del proyecto —incluyendo la Ruta Nacional 149 y tramos de ripio— son de difícil transitabilidad, especialmente en invierno. Las temperaturas en la zona pueden descender hasta los -16 °C y el riesgo de cierres por nevadas o accidentes es alto. Además, se cuestiona la falta de servicios esenciales como calefacción, sanitarios, conectividad confiable, y resguardo seguro para los asistentes.
A pesar de que el Gobierno ofreció transporte gratuito y conectividad satelital mediante el servicio Starlink, OIKOS considera que estas medidas, lejos de resolver la exclusión, son una confirmación de que el sitio elegido no cumple con los estándares mínimos de accesibilidad, equidad y neutralidad exigidos por normativas provinciales, nacionales e internacionales.
“Simulación de participación”
El amparo denuncia que la convocatoria configura una “simulación de participación”, vulnerando principios fundamentales establecidos en el Acuerdo de Escazú —tratado internacional ratificado por Argentina que garantiza la participación ciudadana en asuntos ambientales— y en leyes como la Ley General del Ambiente Nº 25.675. También se cuestiona que la audiencia se realice en el predio vinculado al proponente del proyecto, generando sospechas de parcialidad y falta de imparcialidad institucional.
Entre los pedidos del amparo se incluye la reubicación de la audiencia en una zona accesible, que garantice condiciones dignas para la participación de toda la ciudadanía. También se solicita el monitoreo judicial del proceso y la divulgación transparente de datos vinculados a la organización del evento.
La causa fue ingresada ante el Segundo Juzgado de Gestión Asociado y espera definición en medio de una creciente preocupación social por el proyecto minero en cuestión. El expediente también cuenta con adhesiones de decenas de ciudadanos que respaldan la presentación judicial.
