El gobernador Francisco Pérez declaró que su gestión no pudo depositar el retroactivo a marzo acordado con los estatales debido al conflicto con los radicales por el endeudamiento de la Provincia para cubrir el déficit del presupuesto. El mandatario esgrimió que su administración disminuyó a la mitad el déficit provincial y lo dejará en cero cuando entregue la banda a su sucesor, pero advirtió que este año no podrá cumplir con los salarios y los servicios básicos si no le permiten endeudarse.
"El presupuesto de este año ronda los 40 mil millones de pesos y estamos pidiendo mil millones, esto habla a las claras de que es una cifra que no compromete las futuras gestiones pero si puede comprometer servicios básicos", explicó el gobernador en Tunuyán donde encabezó actos e inauguraciones.
"Hemos frenado pagos a proveedores para cumplir con los salarios. No tenemos mucho más margen", aseguró Pérez, citado por el diario El Sol.
"El radicalismo tiene que entender que ya no es que le vaya mal a Paco Peréz, sino que están perjudicando seriamente los servicios, el personal y a toda la sociedad. Quieren entorpecer el normal y buen funcionamiento del estado. Es la primera vez en la historia que esto sucede y no hay un argumento técnico, económico que avale esta decisión política", enrostró el mandatario.
Para los radicales, Pérez "genera pánico"
Los radicales plantearon al mismo tiempo otra crítica a la gestión en una carta abierta que dedicaron "a los mendocinos". En la misiva acusaron al gobernador de "generar pánico en la ciudadanía" y aseguraron que están dispuestos a tratar el presupuesto cuando el Gobierno lo disponga, aunque insistieron en condicionar esa acción a que el Ejecutivo elimine la pretensión de tomar deuda.
Fracaso de la mediación de la Suprema Corte
Para poder endeudarse, a pesar de los radicales, el Gobierno consiguió la aprobación de una ley denominada de reconducción presupuestaria. Esto es, una norma aprobada con mayoría simple que permitiría al Ejecutivo tomar un crédito para costear el déficit anual de la gestión.
Los radicales recurrieron a la Justicia contra la validez de esa norma, puesto que las leyes que implican autorización para contraer deudas requieren el voto afirmativo de al menos dos tercios de las cámaras legislativas, condición que de obvió en la ley de reconversión presupuestaria.
La Suprema Corte llamó a las partes a negociar posturas, pero el intentó fracasó como todos los abiertos en la Legislatura con anterioridad. El tribunal tiene que definir en breve si hace lugar o no a la petición de los radicales de una medida cautelar que impida que Pérez avance en la toma de créditos mientras se resuelve la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad de la ley en cuestión, trámite que demandará un lapso de tiempo mayor.
