El gigante farmacéutico también insiste en que se le indemnice por su propia negligencia en las duras negociaciones con los países latinoamericanos. En Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros. En Perú, las negociaciones se prolongaron durante casi seis meses e incluyeron el eximir responsabilidad ante eventuales efectos adversos y demora en la entrega de los lotes. Un reportaje liderado por el Bureau of Investigative Journalism y la colaboración de OjoPúblico.
Pfizer ha sido acusado de "intimidar" a los Gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna contra la Covid-19, y ha pedido a algunos países que pongan sus activos soberanos -que incluyen edificios de embajadas y bases militares- como garantía contra el costo de futuros casos legales, revela esta investigación liderada por el Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres, Reino Unido, y el apoyo del medio de investigación OjoPúblico desde Perú.
En el caso de un país de Latinoamérica, que no puede ser identificado por solicitud de las autoridades que declararon para este reportaje, las demandas del gigante farmacéutico llevaron a un retraso de tres meses en el acuerdo de la compra de esta vacuna. En el caso de Argentina y Brasil, no se llegó a ningún acuerdo nacional. Mientras que en Perú, Pfizer solicitó durante el proceso de negociación incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos.
Cualquier retraso en los países que reciben vacunas significa un continuo incremento de personas que contraen la Covid-19 y que, potencialmente, mueren.
Funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano, que no podemos nombrar pues los funcionarios firmaron un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, dijeron que los negociadores de la compañía exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos, después de ser vacunados. En Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros.
Situación similar ocurrió en Perú. En las negociaciones, Pfizer solicitó incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna, la demora en la entrega de los lotes, implementar todos las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones. Las cláusulas fueron consideradas extremas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones. Las mismas fuentes señalaron que las condiciones de este laboratorio eran diferentes a las de otros desarrolladores de vacuna.
Un funcionario que estuvo presente en las negociaciones del país anónimo, por su parte, describió las demandas de Pfizer como "intimidación de alto nivel", y dijo que el gobierno sentía que estaba siendo "chantajeado" para acceder a vacunas.
Algunos activistas ya están advirtiendo sobre un "apartheid de vacunas" en el que los países occidentales ricos podrían ser inoculados años antes que las regiones más pobres. Actualmente, expertos legales han expresado su preocupación de que las demandas de Pfizer equivalen a un abuso de poder.
"Las compañías farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las vacunas salvadoras en países de ingresos bajos y medios", dijo el profesor Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global, "[Este] parece ser exactamente lo que están haciendo".
La protección contra la responsabilidad no debe usarse como "la espada de Damocles colgando sobre las cabezas de países desesperados con una población desesperada", agregó.
Pfizer ha estado en conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Sin embargo, se desconocen los términos de esos acuerdos.
Pfizer dijo al Bureau: "A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021. Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos destinados a brindar a los países en desarrollo el mismo acceso a las vacunas que el resto del mundo ". Se negó a comentar sobre las negociaciones privadas en curso.
La mayoría de los gobiernos ofrecen indemnidad (exención de responsabilidad legal) a los fabricantes de vacunas de los que compran. Esto significa que un ciudadano que sufre un evento adverso después de ser vacunado puede presentar un reclamo contra el fabricante y, de tener éxito, el gobierno pagaría la compensación. En algunos países, las personas también pueden solicitar una compensación a través de otras estructuras sin ir a juicio.
Esto es bastante típico de las vacunas que se administran en una pandemia. En muchos casos, los eventos adversos son tan raros que no aparecen en los ensayos clínicos, y solo se hacen evidentes una vez que cientos de miles de personas han recibido la vacuna (una vacuna contra la gripe H1N1 del 2009, por ejemplo, finalmente se relacionó con la narcolepsia). Debido a que los fabricantes han desarrollado vacunas rápidamente y porque protegen a todos en la sociedad, los gobiernos a menudo aceptan cubrir el costo de la compensación.
Sin embargo, los funcionarios del Gobierno de Argentina y del país que solicitó no ser mencionado en este reporte señalaron al equipo de esta investigación que sintieron que las demandas de Pfizer iban más allá que las otras fabricantes de vacunas, y más allá de las condiciones de Covax, una organización creada para garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a las vacunas, quien también exige sus miembros que otorguen inmunidad a los fabricantes. Esto representa una carga adicional para algunos países porque significa tener que contratar abogados especialistas y, a veces, aprobar una nueva legislación compleja, para poder eximir a los fabricantes de sus responsabilidades.
"Una exigencia extrema"
Pfizer solicitó una indemnidad adicional de los procesos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos raros que ocasione su vacuna, o de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia. Esto incluye aquellos relacionados con las prácticas de la empresa como, por ejemplo, si Pfizer envió la vacuna incorrecta o cometió errores durante la fabricación.
"Se garantiza cierta protección de responsabilidad, pero ciertamente no en caso de fraude, negligencia grave, mala gestión o incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación", dijo Gostin. "Las empresas no tienen derecho a pedir indemnidad por estas cosas".
El Dr. Mark Eccleston-Turner, profesor de derecho sanitario mundial en la Universidad de Keele, afirmó que Pfizer y otros fabricantes han recibido financiación gubernamental para investigar y desarrollar las vacunas, y ahora quieren que los posibles costos de los efectos adversos recaigan sobre los gobiernos, que incluye a países de ingresos bajos y medios.
BioNTech, socio de Pfizer, recibió US$445 millones del Gobierno alemán para desarrollar una vacuna, y el Gobierno estadounidense acordó en julio realizar un pedido anticipado por 100 millones de dosis por casi US$2.000 millones, antes de que la vacuna hubiera entrado siquiera en la fase tres de los ensayos. Pfizer espera vender vacunas por valor de US$15.000 millones en 2021.
En opinión de Eccleston-Turner, pareciera que Pfizer "está tratando de obtener el máximo beneficio y minimizar su riesgo en cada situación crítica con el desarrollo de esta vacuna, y luego con su lanzamiento". Ahora bien, el desarrollo de la vacuna ya ha sido subvencionado generosamente; es así que el riesgo para el fabricante es mínimo".
El Bureau habló con funcionarios de dos países, que describieron cómo las reuniones con Pfizer empezaron de forma prometedora, pero se frustraron rápidamente, y revisó un informe del Ministerio de Salud de Brasil.
El Ministerio de Salud argentino comenzó a negociar con la empresa en junio y el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el director general de la empresa al mes siguiente. Durante las reuniones posteriores, Pfizer pidió que se le indemnizara por el costo de cualquier futura demanda civil. Aunque esto nunca se había hecho antes, el Congreso aprobó una nueva ley en octubre que lo permitía. Sin embargo, Pfizer no estaba contenta con la redacción de la legislación, según un funcionario de la oficina del Presidente. El Gobierno creía que Pfizer debía ser responsable de cualquier acto de negligencia o malicia. Pfizer, dijo el funcionario, no estuvo de acuerdo.
El gobierno ofreció enmendar la ley existente para dejar claro que "negligencia" significaba problemas en la distribución y entrega de las vacunas. Pero Pfizer seguía sin estar satisfecha. Pidió al gobierno que modificara la legislación mediante un nuevo decreto; Fernández se negó.
"Argentina podría ofrecer compensación por los efectos adversos de la vacuna, pero no si Pfizer cometía un error", dijo el funcionario, que conoce en detalle las negociaciones. "Por ejemplo, ¿qué pasaría si Pfizer interrumpe involuntariamente la cadena de frío de la vacuna [de transporte y almacenamiento a -70C]... y un ciudadano quiere demandarlos? No sería justo que Argentina pagara por un error de Pfizer".
El funcionario dijo que las conversaciones pronto se volvieron tensas y complicadas: "En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más". Además de los cambios en la nueva ley, la farmacéutica le pidió a Argentina que contratara un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa (también se pidió a los países que lo hicieran durante el brote de H1N1).
A finales de diciembre, Pfizer hizo otra petición inesperada: que el gobierno pusiera sus activos soberanos -que podían incluir reservas de bancos federales, edificios de embajadas o bases militares- como garantía.
"Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos este seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal", dijo el funcionario. "Era una exigencia extrema que sólo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente".
