La semana pasada, el fiscal general Adolfo Villatte y los fiscales auxiliares Juan Patricio Murray y Álvaro Baella, de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del Distrito Rosario, presentaron su alegato final ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad. El proceso judicial, centrado en los crímenes del operativo represivo conocido como “El Villazo”, investiga las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra 57 personas —mayoritariamente trabajadores metalúrgicos y ferroviarios de Villa Constitución— entre 1975 y 1976.
El pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) incluyó penas de prisión perpetua para dos exdirectivos de la empresa Acindar S.A. por su responsabilidad en homicidios, secuestros y tormentos. Además, se solicitaron condenas de entre 10 y 25 años para 15 exmiembros de la Policía Federal y un expolicía provincial implicados en los hechos.
El entramado represivo contra la organización sindical
Según la acusación fiscal, los crímenes se iniciaron el 20 de marzo de 1975 en el polo industrial de Villa Constitución, tras la victoria electoral de la Lista Marrón en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Los nuevos dirigentes sindicales —vinculados a espacios políticos contestatarios— fueron blanco de una estrategia coordinada entre las fuerzas represivas del Estado y sectores empresariales.
Las víctimas sufrieron privaciones ilegales de la libertad, tormentos y, en algunos casos, homicidios. Los secuestros se documentaron entre marzo y junio de 1975, con continuidad en los primeros meses de 1976. Las detenciones, prolongadas durante años, tuvieron como eje la criminalización de la militancia sindical y política.
Prisión perpetua para exdirectivos de Acindar
El MPF solicitó prisión perpetua para Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo, personal jerárquico de Acindar S.A. durante la represión. Ambos fueron acusados por:
- 8 homicidios agravados
- 29 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados
- Participación en asociación ilícita
Esta solicitud judicial marca un punto de quiebre en la lucha por el juzgamiento de responsabilidades empresariales en crímenes de lesa humanidad.
Policías federales y provinciales imputados
Los fiscales pidieron 25 años de prisión para Roberto Álvarez, integrante de la Policía Federal Argentina, por 40 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados, además de su rol en la asociación ilícita. La misma pena fue requerida para Amadeo Chamorro, de la Guardia Rural “Los Pumas” de la policía santafesina, por 23 hechos similares.
También se solicitaron 25 años de prisión para otros 11 policías federales, por delitos contra 23 víctimas. Los imputados son:
- Roberto Raúl Squiro
- Oscar Alberto Vessichio
- Juan Carlos Faccendini
- Emilio Hugo Marciniszyn
- Aldo Ramón Gradilone
- Carlos Brest
- Daniel Vicente Valdés
- Carmen Amanda Grosolli De Hellaid
- Ricardo Antonio Burguburu
- Juan Carlos Romero
Otros pedidos incluyen:
- 16 años para Aníbal Lozano Windus (por delitos contra 4 víctimas)
- 14 años para Oscar Roberto Giai (2 víctimas)
- 10 años para Horacio Miguel Nardi y Juan De Jesús Martínez (1 víctima cada uno)
Petitorio de cumplimiento efectivo
La Fiscalía solicitó que las penas sean cumplidas en cárcel común y que se ordene el encarcelamiento inmediato de los condenados, en línea con la jurisprudencia internacional en derechos humanos. Además, se pidió declarar la insanable inconstitucionalidad de los decretos 1368/74, 2717/75, 642/76 y de la ley 21.449, utilizados como excusa para poner a disposición del Poder Ejecutivo a las víctimas, impidiendo incluso su salida del país.
Reparaciones simbólicas y derecho a la verdad
Entre las medidas de reparación impulsadas por el MPF, se destacan:
- Publicación obligatoria del veredicto en medios locales de Villa Constitución (ediciones impresa y digital)
- Señalización como Centros Clandestinos de Detención a la Jefatura de Policía de Villa Constitución, Delegación Rosario de la PFA y Prefectura Naval Argentina Rosario
- Prohibición de modificaciones edilicias en dichos sitios
En el plano laboral, se solicitó que las empresas Acindar SA, Metcon SA, Wobrom, Villber SA y Marathon SA —o sus continuadoras— incorporen en los legajos de sus trabajadores desaparecidos o encarcelados que la no presentación a sus puestos se debió a causas represivas, y no a abandono voluntario como se declaró falsamente en muchos casos.
El rol de la Triple A y el Ejército
Finalmente, el MPF reclamó que se declare probada la participación del Ejército Argentino, la Prefectura Naval Argentina y la organización parapolicial conocida como Triple A en el operativo represivo.
El juicio oral continúa y se prevé que el veredicto se conozca en septiembre. Mientras tanto, la causa “El Villazo” sigue siendo emblema de las luchas por memoria, verdad y justicia en el sur santafesino.
