Por amplia mayoría, el Jury de Enjuiciamiento de Mendoza decidió avanzar en el proceso contra el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, en una jugada que exhibe el poder de fuego del oficialismo para disciplinar a quienes no responden políticamente. La denuncia fue presentada por el diputado radical Franco Ambrosini, respaldado por familiares de víctimas y miembros del espacio Cambia Mendoza, sello del gobernador Alfredo Cornejo.
Mientras el oficialismo acelera el jury contra Sarmiento, plancha el mismo proceso contra el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, por entregar pozos de agua a empresarios poderosos
Con 16 votos a favor y 5 en contra, el órgano constitucional que evalúa el desempeño judicial dio luz verde al inicio del juicio político contra Sarmiento, a quien se acusa de haber otorgado libertades condicionales que derivaron en delitos graves. La denuncia señala tres casos emblemáticos, uno de ellos el asesinato de un policía retirado por un hombre liberado bajo recomendación contraria del Organismo Técnico Criminológico (OTC).
Trascendió que a favor del juicio político votaron tres jueces filo-radicales: Dalmiro Garay, Teresa Day y Norma Llatser, mientras que el cuarto de ese bloque, José Valerio (enfrentado en la interna con Garay), votó en contra, en línea con los filo-peronistas Mario Adaro y Julio Gómez y Omar Palermo, que viene de los Derechos Humanos.
También se habrían sumado a favor de la propuesta de Cornejo los peronistas Germán Gómez y Mauricio Sat, y Jorge Difonso y Valentín González (LUM). Helio Perviú (PJ kirchnerista), se opuso. De esta manera al oficialismo le sobraron los votos, pues ya contaba con los 9 de los legisladores de Cambia Mendoza.
Ahora el juez tiene 10 días para presentar un descargo, y en ese momento el órgano resolverá si se con continúa el proceso.
Si se descuenta el respaldo de los 4 jueces de la Suprema Corte filo-oficialistas, a Cornejo le sobran los votos para la destitución del juez que no le responde políticamente y sobre el cual el oficialismo descarga, cada vez que tiene oportunidad, responsabilidad por la creciente inseguridad en Mendoza.
El blanco fácil del oficialismo
La avanzada sobre Sarmiento no solo se sostiene en fallos controvertidos. Desde hace tiempo, el magistrado ha sido señalado por no responder a los lineamientos políticos del oficialismo. Según fuentes legislativas, es uno de los jueces que más ha sido apuntado por el cornejismo cada vez que se agudiza la inseguridad en la provincia o estallan casos resonantes de homicidios.
En ese contexto, el pedido de Jury no parece aislarse como respuesta técnica a sus decisiones judiciales, sino como una movida política que refuerza la tesis del disciplinamiento interno en el Poder Judicial.
Un tribunal con sello político
El Jury está integrado por siete ministros de la Suprema Corte—entre ellos Dalmiro Garay y José Valerio—y catorce legisladores provinciales, la mayoría de los cuales pertenecen al oficialismo. A pesar del carácter constitucional del proceso, el armado político del tribunal refuerza las sospechas sobre el sesgo partidario que atraviesa la decisión.
El diputado Ambrosini, encargado de presentar la denuncia, estuvo acompañado por Melisa Pelayes, hija del ex policía asesinado. La acusación también incluye otras dos causas: el asesinato de Héctor Quiroga en 2017 y el abuso reiterado de una niña de 12 años por parte de un condenado a reclusión perpetua que accedió a la libertad condicional bajo resolución de Sarmiento.
¿Justicia o escarmiento?
Más allá de la gravedad de los casos señalados, referentes judiciales y políticos se preguntan si el proceso al juez Sarmiento responde realmente a criterios de evaluación institucional o si se trata de una operación para neutralizar voces disidentes dentro del Poder Judicial. Las voces críticas apuntan a que el cornejismo convierte cada fallo polémico en una oportunidad para reforzar su narrativa sobre inseguridad y consolidar control sobre los órganos judiciales.
En los próximos días se correrá traslado de la denuncia al magistrado para que ejerza su defensa. Mientras tanto, el caso se convierte en un nuevo capítulo en la disputa por la autonomía judicial y la utilización política de la inseguridad como herramienta del Ejecutivo.
