Después de meses de espera, el Jury de Enjuiciamiento de Mendoza resolvió iniciar un juicio político contra el juez penal Sebastián Sarmiento. La votación secreta terminó con 13 votos a favor y 8 en contra, dejando al magistrado suspendido de sus funciones y percibiendo solo el 50% de su salario hasta que se defina si será destituido o continuará en el cargo.
El cornejismo usó a jueces díscolos para reforzar la propaganda de mano dura y disciplinar al resto del Poder Judicial
La denuncia contra Samiento fue presentada por el diputado radical Franco Ambrosini, en representación de la familia Pelayes, cuyo excomisario fue asesinado por un condenado liberado anticipadamente por decisión de Sarmiento. El legislador le imputó cinco hechos, en línea con las críticas del gobernador Alfredo Cornejo, que lo había señalado como “garantista”.
En este marco, Sarmiento se suma a una lista de jueces señalados por otorgar libertades condicionales o beneficios procesales que luego derivaron en delitos resonantes. El cornejismo ha utilizado esos episodios para reforzar su narrativa de mano dura y disciplinar a quienes no responden políticamente. Según fuentes legislativas, el magistrado es uno de los más apuntados cada vez que se agudizan los casos de homicidios o delitos graves en la provincia.
Los casos emblemáticos
La acusación incluye tres episodios que marcaron la agenda pública:
- El asesinato del policía retirado Héctor Pelayes.
- El homicidio de Héctor Quiroga en 2017.
- El abuso reiterado de una niña de 12 años por parte de un condenado a perpetua que accedió a libertad condicional.
En todos los casos, se cuestiona la decisión de Sarmiento de otorgar beneficios pese a recomendaciones contrarias del Organismo Técnico Criminológico.
Un tribunal con sello político
El Jury está integrado por siete ministros de la Suprema Corte y catorce legisladores provinciales, la mayoría oficialistas. La composición refuerza las sospechas sobre el sesgo partidario que atraviesa la decisión.
En la votación, el oficialismo aportó sus nueve votos propios y sumó el apoyo del diputado Gustavo Cairo (La Libertad Avanza), aliado del gobierno. Votaron a favor los senadores Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez y Alejandro Diumenjo; y los diputados Jorge López, Beatriz Martínez, José Tribiño, Mauricio Torres y Érica Pulido (suplente de Daniel Llaver).
Mientras que los 3 representantes del PJ, el diputado Germán Gómez y los senadores Mauricio Sat y Helio Perviú, votaron en contra. Al igual que el senador Ariel Pringles (LUM), de extracción peronista y gremial.
En la votación anterior el único legislador que votó por el archivo de la denuncia fue el kirchnerista Perviú. Ahora se sumaron los dos peronistas que responden a Emir Félix.
Entre los jueces de la Corte, levantaron el pulgar los filoradicales Dalmiro Garay, María Teresa Day y Norma Llatser, mientras que José Valerio y los magistrados referenciados en el ala filoperonista (Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez) lo rechazaron.
La persecución a jueces críticos del oficialismo
El caso de Sebastián Sarmiento no aparece aislado. Desde hace años, distintos magistrados que no se alinean con los lineamientos del gobernador Alfredo Cornejo han sido objeto de cuestionamientos públicos, presiones políticas y pedidos de jury. La estrategia oficialista se ha consolidado en torno a un discurso que responsabiliza a los jueces “garantistas” por el aumento de la inseguridad, convirtiéndolos en blanco fácil cada vez que un fallo controvertido impacta en la opinión pública.
La avanzada sobre Sarmiento exhibe el poder de fuego del oficialismo dentro del Jury de Enjuiciamiento, un órgano constitucional cuya composición refleja un fuerte sesgo político: siete ministros de la Suprema Corte y catorce legisladores provinciales, la mayoría oficialistas. Esta estructura ha permitido que, más allá de los argumentos técnicos, las decisiones se lean como parte de una estrategia de control interno sobre el Poder Judicial.
Las críticas opositoras y de referentes judiciales apuntan a que el proceso contra Sarmiento responde menos a una evaluación institucional de su desempeño y más a un escarmiento político. En palabras de un dirigente justicialista, se trata de “un mamarracho” que desnuda la intención de neutralizar voces disidentes y consolidar la hegemonía oficialista en los tribunales.
Lo que viene
El proceso abre ahora un período de 30 días de prueba y, por los plazos legales y la feria judicial de enero, el debate público podría recién convocarse hacia marzo de 2026. Mientras tanto, el caso se convierte en un nuevo capítulo en la disputa por la autonomía judicial y la utilización política de la inseguridad como herramienta del Ejecutivo.
