El Senado aprobó por unanimidad la media sanción a una reforma que incorpora al Código de Contravenciones una figura inédita: la omisión "del deber de vigilancia” por parte de adultos responsables de menores que cometan bullying. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, propone sanciones que van desde trabajo comunitario hasta multas económicas, además de instancias de formación y acompañamiento familiar.
Un hecho disruptivo como disparador
El proyecto fue apurado por el oficialismo después de que una estudiante víctima de acoso escolar ingresara armada a su escuela en La Paz con una pistola 9 milímetros perteneciente a su padre policía. El operativo que logró su rendición sin víctimas conmocionó a la provincia y obligó al Ejecutivo a suspender su agenda proselitista. La respuesta estatal fue inmediata: una reforma que traslada el foco desde la escuela hacia la familia.
Desde que está en el gobierno, Cornejo impulsó más de 25 reformas penales para endurecer el punitivismo en Mendoza
“El caso nos debe llamar a la reflexión”, declaró García Zalazar en conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad Mercedes Rus. “No es solo responsabilidad de la escuela de 8 a 13. Hay cosas que necesitamos de la primera educadora que es la familia”, agregó, anticipando el eje de la futura norma.
El articulado: sanciones, agravantes y fondos
El expediente 82327/2025 incorpora cinco artículos al Título III del Código de Contravenciones. El Artículo 100 bis sanciona la omisión parental cuando el acoso escolar causa daño físico, psicológico o emocional. Antes de judicializar, el Artículo 100 ter prevé una instancia escolar con equipos interdisciplinarios. Si los adultos no cumplen los compromisos asumidos, el caso se deriva al Juzgado Contravencional.
Las sanciones van de cinco a cincuenta días de trabajo comunitario o multas de hasta 5000 Unidades Fijas. En caso de reincidencia, se duplican las penas y se impone la asistencia obligatoria a talleres de parentalidad o terapia familiar. Los fondos recaudados se destinarán a un fondo provincial para víctimas de acoso.
El protocolo escolar: paso a paso institucional
En paralelo, el Ejecutivo presentó un nuevo Protocolo de Actuación para escuelas, que establece un paso a paso institucional ante casos de bullying: identificación, registro, comunicación con las familias, plan de acción, seguimiento y cierre. También incluye criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección y la Justicia.
Leandro Passerini, secretario de la Asociación de Magistrados, destacó que “la escuela es el principal centro de prevención e intervención”. Sin embargo, esta centralidad plantea interrogantes: ¿con qué recursos y formación específica cuentan las escuelas para asumir esa carga investigativa? ¿Qué margen real tienen para abordar situaciones que exceden lo pedagógico y se inscriben en dinámicas familiares y sociales complejas?
¿Educación o disciplinamiento?
Aunque el proyecto se presenta como una herramienta educativa y reparadora, el contexto revela otra lógica. La reforma no surge de un debate pedagógico prolongado, sino de una urgencia política. Y se inscribe en una línea de acción gubernamental que ha priorizado el endurecimiento del Código de Contravenciones. Desde 2015, según la organización Xumek, se han aprobado más de 25 reformas penales orientadas a ampliar el poder punitivo del Estado.
Un antecedente inmediato fue la figura de la “reiterancia”, que permite encarcelar a quienes protestan en las calles por reincidencia. Organizaciones sociales y gremiales denunciaron que se trata de un instrumento para criminalizar la protesta y perseguir opositores.
Expansión punitiva
La violencia escolar y la crisis de salud mental juvenil son problemas complejos que requieren respuestas integrales. El protocolo escolar y los talleres de parentalidad pueden ser herramientas valiosas, pero su efectividad depende del acompañamiento institucional, la formación docente y el fortalecimiento comunitario.
La reforma, en cambio, recurre a una vía contravencional flexibilizada para ampliar el alcance sancionatorio. La escuela investiga, la familia responde ante el juez y el Estado castiga. ¿Es esta la mejor forma de construir entornos educativos seguros y respetuosos?
La sesión en Diputados será clave. Mendoza tiene la oportunidad de debatir si esta ley será una herramienta de corresponsabilidad pedagógica o un nuevo capítulo en la expansión del poder punitivo.
