La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y su Gabinete presentaron el plan de Alfredo Cornejo para rebajar las regalías que debería cobrar Mendoza por la extracción de minerales. La idea es beneficiar a las mineras garantizando su rentabilidad, sobre todo en las últimas etapas, cuando la producción de la mina declina.
Desde su primer gobierno, Alfredo Cornejo aplica un plan de rebaja de regalías por decreto a las petroleras
La iniciativa replica el esquema que Cornejo ya había aplicado en el ámbito petrolero y busca trasladarlo ahora a la minería, con el objetivo declarado de asegurar la competitividad y evitar el abandono de proyectos estratégicos, como San Jorge. La Ley de Regalías es uno de los proyectos en paquete que mandó el Gobierno con el destino de destrabar San Jorge.
La propuesta se debatió en comisión legislativa en medio de un clima de tensión. Afuera del anexo de la Legislatura, sobre calle Espejo, se hicieron sentir las protestas contra la reactivación del yacimiento de cobre en Uspallata. Adentro, Latorre expuso con claridad la lógica oficial: “Si no hay posibilidad de acompañar al sector privado en la inversión bajando o alivianando carga impositiva en los casos en que la rentabilidad se achica y los costos operativos se incrementan, lo que termina pasando es que las minas adelantan el cierre o recortan actividades de exploración complementaria. Y los que terminamos perjudicándonos somos nosotros, los mendocinos”.
Cobro flexible
El proyecto de regalías se apoya en la Ley Nacional 24.196 de Inversiones Mineras, que fija un tope del 3% sobre el valor “boca mina” del mineral extraído. Mendoza ya había adherido a ese régimen mediante las leyes provinciales 6.090 y 7.024, pero ahora busca darle rango legal a aspectos clave: base de cálculo, plazos de pago, declaraciones juradas y sanciones.
La novedad más significativa es la posibilidad de aplicar reducciones o regímenes diferenciales según la rentabilidad de cada emprendimiento, el agregado de valor local o el cumplimiento de estándares ambientales y sociales.
El director de Minería, Jerónimo Shantal, reforzó la idea al señalar que “las regalías progresivas y variables dependen del corte de ley de mineral y su precio en el mercado”. Es decir, de la cantidad de mineral que saquen y de lo que valga en ese momento en el mercado.
En contraposición, criticó el esquema de Salta y Catamarca, que fijaron un 5% para aumentar su recaudación, medida que —según dijo— “no cayó bien en el sector”. Esas provincias, junto con Jujuy, forman parte de la mesa del litio, uno de los minerales más codiciados hoy en el mundo.
La distribución de regalías
La distribución prevista por el oficialismo para las regalías es 88% a Rentas Generales, de los cuales el 15% de estos recursos deberán ser afectados al Fondo de Desarrollo Socio Ambiental, con destino principal en fortalecer los controles y monitoreos participativos, la transparencia y el fortalecimiento de la Policía Ambiental Minera. Los requisitos de constitución, administración y funcionamiento serán establecidos en la reglamentación. Este punto fue cuestionado en la comisión pues la reglamentación queda sujeta a decretos posteriores a la ley.
En tanto, el 12% restante será distribuido entre los municipios en cuyo territorio se realice la extracción y que hayan adherido al presente régimen, para destinarlos exclusivamente a obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva.
Latorre, sostuvo que esta Ley, genera “seguridad jurídica para los inversores” pero también “para los ciudadanos”, algo que es “fundamental para seguir regulando la actividad en la provincia”.
"Sumar ventajas, no barreras"
El proyecto de regalías y el Fondo compensador para desastres, también presentado este jueves, refuerzan un discurso oficial que combina dos ejes: previsibilidad para los inversores y ablandar el camino para la licencia social.
Latorre insistió en que Mendoza no puede darse el lujo de perder inversiones tras más de 15 años sin actividad minera significativa. “Con un potencial geológico de cobre, tenemos que sumar ventajas competitivas, no sumar barreras”, afirmó.
El proyecto prevé que el 15% de lo recaudado se destine a un Fondo de Desarrollo Socio Ambiental, orientado a controles, monitoreos participativos y fortalecimiento de la Policía Ambiental Minera. Además, el 12% irá a los municipios donde se realice la extracción, para obras públicas e infraestructura social y productiva. Sin embargo, la distribución —88% para Rentas Generales y apenas 12% para los territorios directamente afectados— ya genera cuestionamientos sobre la equidad del reparto.
Protesta afuera de la Legislatura
La sesión legislativa estuvo marcada por la protesta social. La vicegobernadora Hebe Casado fue recibida con silbatinas y abucheos, luego de haber calificado de “trastornados” a quienes se movilizan en defensa del agua.
Afuera de la Legislatura protestan contra San Jorge pic.twitter.com/6R6McsH2wU
— ✂ Síganme los malos (@GabiValdes) November 6, 2025
En Uspallata hay un histórico rechazo a la minería metalífera a gran escala y esto ha sido un obstáculo insalvable para proyectos como San Jorge, paralizado hace más de una década.
Sanciones y trazabilidad digital
El régimen también incorpora en teoría un esquema de sanciones: multas de entre el 50% y el 100% de las regalías omitidas, suspensión del Certificado de Productor Minero e intereses resarcitorios. El cobro judicial se realizará por vía de apremio.
Según el Gobierno, habrá sistemas digitales de trazabilidad para controlar la producción y el pago de regalías, herramienta que —según el Ejecutivo— permitirá desalentar la subdeclaración y robustecer la confianza pública en un sector históricamente cuestionado.
El antecedente petrolero y el caso San Jorge
La estrategia de Cornejo de rebajar regalías no es nueva. En el sector petrolero ya se aplicaron rebajas de regalías para sostener la actividad en momentos de baja rentabilidad. De hecho prometió regalías 0 para quienes explotaran pozos maduros en el sur de Mendoza.
Ahora, la apuesta es trasladar ese esquema a la minería, con San Jorge como caso testigo. Shantal aseguró que el proyecto arrancará con el máximo de regalías y, en las últimas etapas, cuando declina la rentabilidad, se plantea un “salvataje” para evitar el cierre prematuro, siguiendo el modelo de Bajo la Alumbrera en Catamarca.
La protesta no cesa
La iniciativa no está exenta de polémica. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de mostrarse competitivo, sectores sociales y ambientales advierten que la rebaja de regalías puede traducirse en una menor participación provincial en la renta minera.
El dilema es claro: menos renta para el Estado, más beneficios para las empresas. En ese equilibrio se juega el futuro de la minería mendocina y la capacidad del Gobierno de Cornejo de sostener inversiones que, por ahora, son sólo promesas.
