El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó este lunes sin prisión preventiva al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al extitular de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía de la gestión de Cambiemos, Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta, en una investigación por la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.
Además, en la misma resolución, el magistrado fijó para el próximo viernes la declaración indagatoria al exministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich y para el lunes la del exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, ambos a las 10, según la resolución de 160 carillas.
Procesamiento veloz para Iguacel y Saravia Frías en la causa peajes. Administracion frudulenta y embargos 500 millones. Canicoba Corral los indagó la semana pasada. Canicoba se jubila fin de junio, apura definiciones. Falta indagar A Dietrich y a Dujovne. Estas el viernes.
— Vanesa Petrillo (@Vanepetrillo) July 20, 2020
Los exfuncionarios habían sido citados ya a indagatoria en el caso, pero ahora el magistrado puso fecha para ese trámite que se hará por videoconferencia a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus.
Canicoba resolvió procesar a Saravia Frías y a Iguacel, luego de que ambos se negaron la semana pasada a prestar declaración indagatoria y sin esperar a que concluya la ronda de imputados que deberán presentarse en la investigación.
"Podemos observar que las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes- públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso", sostuvo el juez en la resolución.
Canicoba se refiríó a la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste, los que "resultaron contrarios a las normativas vigentes" en un acto "perjudicial para las arcas del Estado".
"A pesar de que estaban obligados a cumplir con los requisitos de la normativa vigentes y proteger los intereses que tenían confiados, su accionar se desarrolló en clara oposición a esa manda y con esa finalidad espuria, derivando ello del poder de disposición del patrimonio del Estado del que se encontraban dotados", analizó el juez.
La pesquisa gira en torno también a un reconocimiento a las empresas de multimillonarias cifras por inversiones "pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida".
