El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.519, sancionada por unanimidad en el Senado el pasado 18 de septiembre, que prorroga hasta 2022 la emergencia alimentaria.
La norma, motorizada por la oposición unida y reclamada por los movimientos sociales, extiende la declaración de la emergencia que ya había sido dispuesta en 2002 -mediante el decreto 108-.
La ley, publicada en el Boletín Oficial, dispone “un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
Además, se “faculta a partir del 1° de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
Para ello se tomará “como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.
La norma faculta además al Poder Ejecutivo a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.
El decreto 667/19 lleva las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
