En plena crisis social

Propaganda punitiva: desplegaron ocho fuerzas especiales en un barrio pobre de Guaymallén para mostrar que combaten contra el delito

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Cogollos de marihuana y billetes, lo secuestrado en el megaoperativo en Guaymallén.

Por cuarta vez en lo que va del año el Gobierno de Cornejo montó operativos simultáneos  en barrios empobrecidos, con secuestros de poca monta y detenciones de delincuentes ídem pero con alto impacto mediático,  como parte de su política de propaganda punitiva.

Esta vez les tocó a los habitantes del asentamiento Castro, de Guaymallén, presenciar el despliegue del CEO Móvil, la Dirección General de Investigaciones, la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), Fuerzas de Operaciones Especiales (GRIS y GES), Infantería, UMAR (Unidad Motorizada de Acción Rápida) y UAP (Unidad de Acción Preventiva).

"Fueron detenidas siete personas, dos de ellas con pedidos de captura por causas anteriores. Se secuestraron plantas y cogollos de marihuana, una ballesta, balanzas, elementos para fraccionamiento de sustancias y cerca de 2 millones de pesos en efectivo", reza la propaganda oficial, acompañada por profuso material fotográfico que incluye funcionarios como la ministra Mercedes Rus y la fiscal Claudia Ríos.

Con venia legislativa

La Legislatura aprobó por unanimidad en septiembre de 2024 una ley que le permitirá a Alfredo Cornejo redoblar el despliegue de propaganda punitiva con allanamientos masivos en barrios empobrecidos como parte de su política. Se trata de una modificación al Código Procesal Penal que propone que los fiscales puedan presentar y fundamentar los pedidos de allanamiento en audiencias orales, "facilitando así la comprensión y resolución por parte del juez", señaló el oficialismo.

Ahora los fiscales pueden pedir audiencias unilaterales para agilizar allanamientos u otras medidas relacionadas. "Estas audiencias deben fijarse de inmediato, y el juez debe tomar una decisión durante la misma, dejando constancia en un registro audiovisual. En estos casos, también se dispone la presencia de un juez penal durante el allanamiento", señala en los fundamentos la ley.

El propio gobernador admitió que en Mendoza están en aumento los delitos directamente relacionados a la profunda crisis social, el desempleo y los números en rojo de la economía local vinculados al plan de desguace y despidos del libertario Javier Milei. Además, admitió el mandatario, en Mendoza se fortalece el "narcomenudeo como emprendimiento económico" más rentable  que el trabajo en blanco. 

Propaganda punitiva: la Legislatura aprobó una ley que Cornejo y sus fiscales usarán para agilizar allanamientos masivos en barrios pobres

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