Un proyecto de ley de Alfredo Cornejo para reformar el Estatuto del Empleado Público (Ley 560/73) ha encendido la mecha de un conflicto gremial, enfrentando al oficialismo con los sindicatos estatales y poniendo en el centro del debate la vigencia de derechos laborales considerados fundamentales.
"Personal interino", en el centro de la polémica
La iniciativa, que comenzará a tratarse este miércoles en la Legislatura, propone la creación de la figura del “personal interino”, lo que, según los gremios, excluiría a miles de trabajadores de derechos como la estabilidad, la antigüedad y una defensa plena frente a sanciones. El artículo 4 bis del proyecto establece que este personal “no goza de estabilidad propia”, habilitando despidos sin causa, sin indemnización y sin derecho a ser reinstalado.
Lejos de ser una herramienta para regularizar la precaria situación de miles de agentes que hoy desempeñan funciones permanentes bajo contratos temporarios, la reforma consolida un sistema dual. Por un lado, unos pocos empleados con todos los derechos y, por otro, una masa de “interinos” sin protección plena.
El artículo 9 agrava el panorama al establecer que quienes ingresen bajo esta nueva modalidad no verán reconocida ninguna antigüedad previa, incluso si llevan años prestando servicios para el Estado. Se estima que solo en el sector de la salud, más de dos mil trabajadores quedarían inmediatamente en esta situación de vulnerabilidad.
Contra la Constitución
La polémica trasciende lo gremial y se adentra en el terreno de lo constitucional. Tanto la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, como la Constitución de Mendoza, en su artículo 30, garantizan la estabilidad en el empleo público como un derecho fundamental. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que este principio no solo protege el puesto de trabajo, sino que impide modificaciones arbitrarias a las condiciones laborales. Sin embargo, el proyecto oficial introduce cláusulas que, para los críticos, vulneran estos principios de raíz.
Dos artículos son particularmente controvertidos. El artículo 50 establece que, aun si un despido es declarado nulo, el trabajador no tendrá derecho a percibir los salarios caídos durante el proceso judicial, contradiciendo la práctica habitual. Por su parte, el artículo 53 impide impugnar sanciones menores —como apercibimientos o suspensiones de hasta 15 días— salvo que se demuestre abuso de poder, lo que elimina el derecho a defensa frente a sanciones que podrían derivar en cesantías encubiertas.
La CGT, AMPROS, Sitea y Autoconvocados
La reacción gremial no se hizo esperar. La CGT Regional Mendoza, que nuclea a UPCN, ATE, Camioneros, UOM y otros sindicatos clave, convocó a una movilización masiva para este miércoles frente a la Legislatura. También estarán AMPROS, SITEA, Sipes y Autoconvocados del Hospital Central.
“La participación de cada gremio es imprescindible. Necesitamos presencia activa y comprometida”, expresaron los delegados Luis Márquez y Ricardo Letard. A ellos se sumarán asociaciones de profesionales de la salud como AMPROS, que calificó la reforma como “un proyecto que pone en riesgo los derechos conquistados”.
Cornejo arenga por la reforma laboral
El clima de tensión fue alimentado, en la víspera del debate, por las propias declaraciones del gobernador Cornejo. Ante un foro empresarial denominado “Mendoza 2025: Producción Sostenible”, el mandatario redobló su apuesta por las reformas estructurales. “Sin reformas laborales, impositivas y de coparticipación, el sector privado no crecerá en la Argentina. Necesitamos reglas de juego claras y una cultura pro empresa”, señaló ante representantes de la industria.
Sus palabras, pronunciadas en un escenario de empresarios, delinean con claridad la filosofía que impulsa la polémica reforma. Mientras el oficialismo argumenta la necesidad de modernizar el Estado y flexibilizar las reglas para fomentar el crecimiento, la protesta sindical se alza como un muro de contención en defensa de derechos que consideran intocables, anticipando una jornada de alta tensión en la Casa de las Leyes.
