El Gobierno nacional avanza con paso firme hacia la aprobación de la reforma laboral. En Casa Rosada aseguran que los 37 votos necesarios para la media sanción estarían prácticamente asegurados. El ministro del Interior, Diego Santilli, se convirtió en el principal articulador de acuerdos con gobernadores y senadores, en una tarea que busca consolidar respaldo político antes del debate en el recinto.
La estrategia oficialista se apoya en un bloque cohesionado de 20 senadores libertarios, encabezados por Patricia Bullrich, y en aliados estratégicos como el cordobés Luis Juez. En Mendoza, los representantes que responden a Alfredo Cornejo —Rodolfo Suarez y Mariana Juri— ya comprometieron su apoyo. A ellos se suman referentes del PRO y legisladores provinciales alineados con sus gobernadores, como la tucumana Beatriz Ávila y la chubutense Andrea Cristina.
El rol de la UCR
La Unión Cívica Radical aparece como un socio clave en este tablero. Senadores como Carolina Losada y Eduardo Galarreto (Santa Fe), Silvana Schneider (Chaco) y Eduardo Vischi junto a Mercedes Valenzuela (Corrientes) anticiparon su respaldo.
Otros radicales, como Maximiliano Abad y Flavio Fama, se muestran proclives a acompañar al menos en la instancia inicial. El oficialismo confía en que, como ocurrió con el Presupuesto 2026, podrá sumar voluntades de interbloques provinciales.
El artículo 191 y las resistencias
El optimismo libertario, sin embargo, convive con un frente de objeciones. El artículo 191, que propone reducir la alícuota de Ganancias para las empresas, encendió las alarmas en varias provincias por el impacto en la recaudación coparticipable. Gobernadores como Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Zillioto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Martín Llaryora (Córdoba) ya manifestaron su rechazo.
En Mendoza, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, advirtió que la provincia enfrenta una pérdida mensual de 20 mil millones de pesos respecto a 2023. “No son inocuos estos movimientos”, señaló, al explicar que la reducción de Ganancias golpeará la coparticipación y agravará un escenario fiscal ya complejo.
El pulso hacia marzo
La Casa Rosada apuesta a que el respaldo político general pese más que las objeciones puntuales. La narrativa oficial insiste en que la modernización del régimen laboral es indispensable para dinamizar el mercado de trabajo y atraer inversiones. El Ejecutivo analiza concesiones en la redacción final para contener críticas y garantizar la aprobación antes del 1 de marzo, fecha de la Asamblea Legislativa.
Del otro lado, el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico santiagueño anticiparon su rechazo. La batalla parlamentaria se perfila como un pulso entre un oficialismo confiado en sus números y unas provincias que, aunque alineadas en lo político, advierten sobre el costo fiscal de la reforma.