“La Ley de Glaciares no se toca” fue el lema que resuena esta semana en varios puntos de Mendoza donde vecinos y organizaciones sociales se concentrarán para rechazar la reforma de la normativa que protege los glaciares y el ambiente de alta montaña. Las manifestaciones se dan en la previa del tratamiento en el Senado de la reforma que impulsa Javier Milei para habilitar a las mineras a sacar minerales de zonas antes prohibidas por ser reservorios hídricos.
La jornada es convocada por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), junto a colectivos ambientales y ciudadanos autoconvocados.
Con el protocolo para avanzar con la minería en ambientes periglaciares, Mendoza fue pionera de la ley libertaria nacional: Alfredo Cornejo impuso una guía de actuación en el paquete legal que avaló el avance de la minera San Jorge.
Cronograma de manifestaciones del 25 de febrero
- Zona Este (San Martín): concentración frente a la Municipalidad a las 18 horas.
- Guaymallén: Nudo Vial, 18 horas.
- Luján de Cuyo: intersección de San Martín Sur y JJ Paso, 18 horas.
- Maipú: Rivadavia y Maza, 20 horas.
- San Carlos: Terminal Eugenio Bustos, 19:30 horas.
- Tunuyán: acampe en el Puente, 19:30 horas.
En cada punto, las consignas giraron en torno a la defensa del agua y la preservación de los glaciares como reservas estratégicas frente al avance de proyectos extractivos. Los manifestantes portaron pancartas, banderas y realizaron intervenciones artísticas para visibilizar el reclamo.
Convocatoria central del 26 de febrero
La movilización continuará este jueves 26 en la Plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza, donde se espera una concentración desde las 11 horas y un cacerolazo a las 19 horas.
AMPAP, principal organizadora, llamó a sostener la protesta en unidad y remarcaron que “Mendoza defiende los glaciares” frente a lo que consideran un retroceso en la legislación ambiental.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece un régimen de protección para glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas de agua vitales. La posible reforma ha generado un fuerte rechazo en sectores sociales y ambientales, que advierten sobre riesgos de flexibilización en favor de la actividad minera.
El foco en el Senado
El motivo de la urgencia radica en la próxima sesión del Senado, donde se prevé el tratamiento de proyectos que podrían alterar la definición de ambiente periglacial. Para los referentes de la Asamblea, esta modificación no es un tecnicismo menor, sino una «herramienta de desprotección» que facilitaría el avance de la megaminería sobre las cuencas que alimentan los ríos de la provincia.
«No se trata solo de proteger el hielo, sino de asegurar el futuro del oasis mendocino», declaró un vocero de la organización. La preocupación radica en que el retroceso de los glaciares, acelerado por el cambio climático, ya está afectando el caudal del Río Mendoza y el Río Tunuyán, lo que hace que la preservación de estas fuentes sea una cuestión de supervivencia económica y social para la provincia.
Continuidad de las medidas: la jornada del jueves
Lejos de agotarse en una jornada, el plan de lucha contempla un escalonamiento para el jueves 26 de febrero. La Plaza Independencia, en el corazón de la Capital, será el escenario principal de una concentración que iniciará a las 11:00 horas. La jornada culminará con un cacerolazo masivo a las 19:00 horas, una medida que busca interpelar directamente al poder político local y nacional.
La Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639) ha sido objeto de debates intensos desde su sanción. Mientras los sectores productivos extractivos argumentan que la normativa es «demasiado restrictiva» y frena el desarrollo económico, las comunidades locales y la comunidad científica advierten que cualquier retroceso legal sería irreversible frente a la crisis hídrica que atraviesa el Oeste argentino.
El gobierno provincial, por su parte, observa con cautela el desarrollo de estas manifestaciones. Mendoza tiene una larga tradición de movilización popular en defensa del agua, recordando el precedente de la Ley 7722, y cualquier movimiento legislativo que se perciba como una amenaza a este recurso suele despertar una reacción social inmediata y transversal.
El conflicto sigue abierto, y mientras el Senado se prepara para sesionar, el eco de los tambores y las consignas de la AMPAP resuena con fuerza, recordando que en Mendoza, el agua es un bien social que la ciudadanía no parece dispuesta a negociar.