En pleno desarrollo del conflicto por la minería a gran escala en Uspallata, y mientras avanza el trámite del Gobierno para mandar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge a la Legislatura, los empresarios dueños de la mina promocionan en redes visitas guiadas al emprendimiento en la villa cordillerana.
Para acceder hay que anotarse en un formulario donde se chequean los datos personales de los destinatarios. Las visitas se realizan los viernes y sábados, con cupo limitado, advierte la publicidad.
Esta acción empresaria se desarrolla en paralelo a una serie de talleres que impulsa el oficialismo como forma de "diálogo con la comunidad" con la pretensión de contrarrestar la resistencia que genera San Jorge entre los pobladores de Uspallata y el Gran Mendoza.
"Una experiencia organizada y enriquecedora: especialistas del equipo de PSJ brindarán detalles técnicos, ambientales y económicos, despejando dudas y promoviendo un diálogo abierto con la comunidad", promociona la empresa.
La empresa controlante de San Jorge quedó en manos de Zonda Metals con base en Suiza, que se anotó en diciembre para reactivar el trámite de construcción de la mina. A ellos se sumaron capitales argentinos a través del Grupo Alberdi.
Escala el conflicto social en Uspallata
Mientras el Gobierno y San Jorge avanzan en tándem para encarar la construcción de la mina, el conflicto con los pobladores tuvo esta semana dos hitos.
Uno fue la orden de prisión domiciliaria para Mauricio Cornejo, uno de los vecinos más activos en las protestas de asambleístas, y quien pasó tres semanas en un calabozo del Polo Judicial.
El otro fue la advertencia de la Municipalidad de Las Heras, comandada por el cacique cornejista Francisco Lo Presti, quien pidió ser querellante en la causa contra vecinos que se oponen a la mina. Lo Presti es un hombre del círculo cercano de Cornejo. Semanas atrás acusó a tres referentes de la oposición de financiar las protestas masivas en Uspallata.
