Tras el sobreseimiento del intendente de Lavalle, Roberto Righi, en la causa en la que se investigó la construcción de casas de la cooperativa Tupac Amaru, el Ministerio Público Fiscal desistió de todos los juicios por extinción de dominio en contra de miembros de esa organización por la adquisición de automóviles, camiones y camionetas.
Todo comendó cuando Mauricio Macri asumió como presidente, encarceló a Milagro Sala (quien continúa detenida) y desplegó una estrategia de persecución judicial y mediática contra la Tupac en las provincias.
Los acusados sin pruebas fueron el intendente de Lavalle, Roberto Righi, y funcionarios del IPV de gestiones justicialistas, entre ellos, Omar Parisi, por peculado o desvío de fondos públicos. Otros intendentes que trabajaron con la Tupac, pero son de extracción radical, como Marcelino Iglesias y el propio Alfredo Cornejo, en cambio, no fueron incluidos en la causa.
En plena campaña electoral en 2019 y con veda en vigencia, la fiscal filooficialista Gabriela Chaves imputó a Righi y ex funcionarios municipales, provinciales y nacionales del PJpor presunta estafa con la construcción de viviendas. Pese a la campaña en su contra, Righi fue reelecto al frente del municipio.
En julio de este año, el representante del Ministerio Público Fiscal Flavio D´Amore solicitó a la jueza Eleonora Arenas del Primer Juzgado Penal Colegiado el sobreseimiento de todos los funcionarios públicos imputados en abril de 2019 por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por las viviendas construidas por la Organización Tupac Amaru en el departamento de Lavalle.
El Fiscal actuó cumpliendo las instrucciones recibidas por parte del Procurador Adjunto Gonzalo Nazar y del jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Sebastián Capizzi, señalando que no se han incorporado pruebas, que las cooperativas de vivienda efectivamente existieron y que las viviendas fueron efectivamente construidas.
Este jueves por la tarde, el Ministerio Público explicó porqué se caen las causas en relación a los bienes de los miembros de la Tupac: "Al haber sido sobreseídos los funcionarios públicos que se encontraban imputados en las causas penales, la Unidad Fiscal Civil que lleva adelante ese tipo de juicios consideró pertinente solicitar que las acciones por extinción de dominio fueran declaradas abstractas". En lenguaje llano, las causas se extinguen.
No obstante, aclaró el ministerio -que comanda el cornejista Alejandro Gullé- la extinción "no significa que los bienes tengan que ser restituidos a los sujetos que continúan imputados en las causas conocidas como Tupac y que eran los demandados en la sede civil".
Extinción de dominio, una forma de hacer política del macrismo
En 2019 Mauricio Macri, anunció en Casa Rosada que a través de un DNU ponía en vigencia la llamada “extinción de dominio”.
La iniciativa, que el macrismo no logró aprobar en el Congreso durante tres períodos legislativos, en teoría facilita el recupero de los bienes vinculados con delitos complejos, como los de corrupción y narcotráfico.
Es un término utilizado para referirse a una forma en la que el Estado le quita a una persona los bienes relacionados con un delito.
Durante el gobierno de Macri se la usó como herramienta para señalar opositores como protagonistas de hechos de corrupción.
