Tras denunciar a la ministra de Seguridad Patricia Buillrich por abuso de autoridad, el ex subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén remarcó que si Alfredo Cornejo adhiere al protocolo de armas, que flexibiliza las condiciones en que un policía puede disparar, tal como manifestó en declaraciones relevadas por diario Los Andes, "cometerá el delito de abuso de autoridad".
"La ministra ha abierto la posibilidad de que las provincias adhieran al protocolo. Si Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente de la UCR nacional adhiere y emite una resolución van a estar en iguales condiciones que la Bullrich, emitiendo una resolución que va contra la Constitución y cometiendo el delito de abuso de autoridad", remarcó Alén, entrevistado por Futurock este miércoles.
Alén y el juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski denunciaron a la ministra de Seguridad por presunto "abuso de autoridad", a raíz del nuevo protocolo para la utilización de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad federales, que habilita, entre otras cosas, a las fuerzas policiales a disparar sin dar la voz de alto o sólo por considerar, a criterio del uniformado, que una persona está huyendo.
En Mendoza los casos de gatillo fácil se multiplicaron pese al retorno de la democracia, y bajo todo signo político, como revelan las listas elaboradas por Correpi, Xumek, el Observatorio contra la Violencia de Estado y otras organizaciones.
Cornejo se explayó: “Me parece bien que se los cubra legalmente, pero paralelamente a eso hay que hacer formación policial, lo estamos haciendo en Mendoza”, según cita Los Andes.
Los emblemáticos casos de gatillo fácil de Mendoza que quedarían impunes con el protocolo Bullrich
"El poder discrecional que tienen ellos, es decir las fuerzas de sguridad, para determinar cuándo es un peligro inminente es total -señaló Alén-. Ellos dicen que esto está de acuerdo a las Naciones Unidas. No vas a encontrar en la ONU que se autorice a disparar por la espalda".
Alen y Rosanski pidieron suspender la aplicación de la resolución hasta que se dicte una sentencia definitiva "en atención a la gravedad de la situación que plantea" y que "puede ocasionar la muerte de personas", según la denuncia. Para ello reclamaron el dictado de una medida cautelar, además del llamado a declaración indagatoria a Bullrich y que se dicte la inconstitucionalidad de la resolución 956/2018.
La denuncia por presunto "abuso de autoridad" e "incumplimiento de deberes de funcionario público" quedó a cargo de la jueza federal María Servini, según el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña.
