Áspera sesión en el Senado

Siete años después, y pese a un aval de la Corte, el oficialismo vetó el Convenio de Trabajo de Vialidad

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Mario Abed al frente de la sesión de este martes 29 de junio en el Senado. Foto: @senadomendoza

Con votos propios y de sus aliados, el oficialismo vetó en la Legislatura el Convenio Coectivo de Trabajo de Vialidad alcanzado en 2014 por el gremio y denominado “80 Aniversario”, el cual había sido avalado por una cautelar de la  Sala II de la Suprema Corte hace un mes. L ley salió por 21 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

En 2014 el gremio conducido por Claudio Díaz confeccionó un CCT denominado “80 Aniversario” junto al entonces gobernador  Francisco Pérez, el cual fue publicado en el decreto 2342/14 y remitido a la Legislatura para su ratificación. Eso no ocurrió y siete años después el oficialismo lo veta tras una resolución de la Corte a favor que, no obstante, esperaba el pleno de los ministros para resolver sobre la cuestión de fondo.

La oposición cuestionó el veto siete años después del acuerdo y lo atribuyó a una necesidad del Gobierno de Mendoza de proteger a Oscar Sandez, extitular de Vialidad y secretario de Obras Públicas de Alfredo Cornejo, quien tuvo que renunciar en medio de hechos de corrupción y malversación de fondos. 

Sandes fue condenado por el Tribunal de Cuentas pero aún así sostenido en el cargo por Cornejo y por Rodolfo Suarez. Según expusieron los senadores de la oposición en el recinto este martes, el aval al convenio de trabajo de Vialidad implica una revitalización de la conducción del sindicato que denunció al exfuncionario cornejista, que volvería al Consejo Ejecutivo.

"Es una política contra los trabajadores"

Entre los que expusieron y votaron en contra, Lautaro Jiménez (FIT), remarcó que "esto patea el tablero de todas las paritarias. Y con Cornejo en 2016 en la Legislatura se voltearon varios acuerdos paritarios. Deja de haber paritarias de hecho, porque la patronal tiene tres instancias cuando a los trabajadores sólo se los recibe en una. Se desarchiva y se pone sobre tablas siete años después y pasa en una semana por las dos cámaras. Siete años después sacan del cajón un expediente. Es una política contra los trabajadores. Si el acuerdo es malo o ilegal se tiene que discutir en los ámbitos que corresponde. No tiene nada que hacer la legislatura vetando un acuerdo firmado entre trabajadores y patronal".

También en contra expuso Alejandro Abraham (PJ), quien remarcó que "es un tema grave para la justicia y los trabajadores, también a la provincia en su faz patrimonial y lo más grave es que vamos a estar resignando la autonomía en la celebración de acuerdos paritarios".

"Quieren que nadie los controle y desfinanciar la entidad gremial -siguió-. Ahora invocan delitos y sacan esto de la galera para que no haya un representante de Vialidad como corresponde. Estamos invadiendo esferas de otros poderes, en contra de la división de poderes y de la república".<

La oficialista Mercedes Rus defendió la injerencia de la Legislatura: "Estamos frente a un convenio colectivo colectivo de trabajo público, que se diferencia del sector privado. Estamos ejerciendo un control de legalidad que es válido, nos interpela a hablar de los gremios y de las listas de los gremios, y también del decreto que se nos ha traído a ratificar".

Bartolomé Robles, del PJ, refutó a Rus: "No existe el control de legalidad en el poder legislativo. El poder de legalidad en la provincia de Mendoza corresponde al Tribunal de Cuentas y en lo que respecta al poder judicial".

"El poder legislativo tiene un control político. Estoy sorprendido porque no existe ninguna norma en el derecho público que otorgue control de legalidad al poder legislativo, sería una violación de la división de poderes", cerró Robles.

"Hace seis años que se llevan puestas las instituciones"

Marcelo Romano (exProtectora y ahora Partido Verde) fue otro de los que argumentó contra la avanzada oficialista. "En siete años no se dieron cuenta que esto perturbaba los derechos de trabajador? Hace seis años que se vienen llevando puestas las instituciones".

Luego arremetió contra la protección política a personas involucradas en los mismos hechos de corrupción que Sandes. "A Corina Gallardo la tienen escondida en la Municipalidad de Godoy Cruz. Oscar Sandez se fue cuando se le dio la gana. Es mentira que les preocupen los derechos de los trabajadores. Parece que al gremio que tiene pruebas o es molesto e incómodo y hay que reventarlo. Cuando el fallo es incómodo es 'la corte peronista', cuando es a favor es 'la justicia'", señaló, esto último en referencia al tratamiento mediático que algunos medios le dieron al aval de la Corte al gremio.

"Este régimen que gobierna tiene todas las instituciones, es más fácil enumerar lo que no manejan, lo único que le falta es el Fiscal de Estado, y lo tienen apuntado con las mayorías, lo demás lo tienen todo. Este cornejismo con reelección encubierta. Aquí hay algo oscuro que se está tratando de tapar y se pone el estandarte del laburador. Pero la que falsificó la firma de sandez está protegida en la Municipalidad de Godoy Cruz. Todo oscuro y enmarañado".

"Quieren tapar la corrupción de Vialidad"

Uno de los últimos en intervenir fue el presidente de bloque del PJ, Lucas Ilardo.

"Cuando el oficialismo tiene premura algo oscuro se trae entre manos. Corina Gallardo hoy acompaña a Tadeo García Salazar, es decir la persona que cometió irregularidades hoy acompaña a García Salazar. Esto no es otra cosa que tapar la corrupción que hay en Vialidad. Esto es una decisión política de un gobierno de cubrir a un político investigado", arrancó el senador del Frente de Todos.

"Compra de joyas y bombones, de viajes y viáticos en hoteles cinco estrellas. Sandez tiene la suerte de que la justicia está cooptada por un dirigente, pero esto no va a durar para siempre, Alfredo Cornejo lo sabe. No sólo se quiere dejar sin efecto un convenio colectivo, sino se quiere dejar inocua una decisión cautelar de la corte. Quieren dar por tierra una decisión por la cual el gremio que denunció a Sandez recuperaba todas las licencias y pagos de salarios no adeudados, que le sacó Sandez, y sobre todo el derecho del gremio a tener un representante en el Consejo Ejecutivo de Vialidad. Por eso se activó el botón rojo del gobierno, para ponerle una mordaza gremial a la corrupción que se denunció", cerró Ilardo.

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